El Ayuntamiento de Santa Eulària dará cobijo una semana más, hasta el próximo viernes 9 de agosto, a las personas desahuciadas del terreno de Can Rova, que uno de sus propietarios gestionaba de manera ilegal alquilando las parcelas a unos 500 euros por cada unidad instalada (caravana, tienda de campaña… ) y donde han vivido hasta unas 400 personas de manera fluctuante, según datos de Cáritas Ibiza.
Hay que recordar que este asentamiento es conocido por las autoridades al menos desde junio de 2022, cuando ya apareció en Noudiari tras las denuncias de los vecinos (en ese momento había unas pocas caravanas) y que varias de las personas que han sido desalojadas llevaban allí hasta dos años.
Parte de las personas desahuciadas el miércoles están en el polideportivo del CEIP S’Olivera. Se trata de aquellas que acudieron a los Servicios Sociales para conseguir un lugar en el que pernoctar.
«Vale la pena destacar que se trata de personas en las que el denominador común es la falta de vivienda, pero que, en su gran mayoría, con ingresos regulares. Debido a estas características, ninguna de las atendidas ha sido catalogada como vulnerable» explica el Consistorio. Porque en este caso, como en el de tantas personas, el problema es que no pueden acceder a una vivienda digna y acaban viviendo en asentamientos (en caravanas, tiendas de campaña, chabolas o embarcaciones). Uno de los afectados, Garibaldi, de 32 años y dominicano, contaba que gana 3.000 euros al mes trabajando en dos trabajos de ocho horas cada uno y que ni con ese sueldo consigue nada digno donde vivir en Ibiza.
Respuesta a las críticas
«Debido a las declaraciones realizadas en medios de comunicación sobre el dispositivo desplegado por el departamento de Bienestar Social, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se ve obligado a defender el operativo y el trabajo llevado a cabo por los técnicos municipales. De hecho, que hasta el momento ninguna persona haya sido catalogada como vulnerable refuerza la dimensión del dispositivo, siendo conocedores de la están viviendo todas y cada una de las personas que se han visto desposeídas de la que hasta el miércoles era su vivienda, pese a tratarse de contratos ilegales llevados a cabo por uno de los propietarios de la finca en contra de la voluntad del resto», relatan.
«Es imposible saber si la totalidad de las personas del asentamiento ilegal estaban correctamente informadas de todo el apoyo que puede ofrecerle el Consistorio», pero sí que se entiende que, ante la dimensión del problema, las vías de comunicación que existen en la actualidad y el trabajo realizado por Bienestar Social, «los residentes conocían el día de la intervención y las consecuencias que podía conllevar».
«Los medios estuvieron preparados y listos para actuar en todo momento, buen ejemplo de ello es que en menos de una hora se puso en marcha la instalación del polideportivo del CEIP S’Olivera y que todas las personas que han acudido a Servicios Sociales han encontrado una mano tendida y ayuda para su difícil situación. La ayuda se ha prestado independientemente de su procedencia, situación legal y lugar de residencia», insiste el Consistorio en un comunicado.
«Estamos ante una situación dramática, común en la gran mayoría de nuestra Comunitat Auntònoma y cuya solución no es sencilla, pero que ya hemos comenzado a dar pasos para abordarla con el programa ‘Santa Eulària crea futur’, con líneas de ayudas e iniciativas para el desarrollo de Viviendas a Precio Limitado (VPL). Lo que sí resulta trágico es que, con la cantidad ingente de noticias que se han publicado sobre este desalojo, algunos menores de edad hayan tenido que vivir la cara más cruda del mismo. Algo que jamás debería haber ocurrido», añade el comunicado.
«Los Servicios Sociales estudian cada caso y se ayuda en función de sus necesidades, demandas y situación familiar y que el protocolo establecido para este desahucio no difiere de otros de otra naturaleza: todas las personas son atendidas con la misma dignidad y bajo los mismos criterios. El departamento se hace cargo desde entradas para la fianza de una vivienda, billetes de avión para retornar a lugares de origen donde es más sencillo encontrar una solución habitacional, lugares para el almacenaje y custodia de enseres personales, vales de comida o el pago de actividades extraescolares para los pequeños, entre otras ayudas, que son comunes al resto de casos que se atienden diariamente», remarcan en el mismo texto.
Por lo que respecta a la separación de núcleos familiares, «también es el mismo procedimiento que se utiliza en olas de calor, olas de frío o cuando hubo la emergencia de la COVID-19: el principal y el único objetivo es la dignidad de las personas y, especialmente, la protección de los menores de edad», insisten.
El resto de aspectos del desalojo de Can Rova «se escapan de la competencia municipal y forman parte de las competencias de los Juzgados, Protección de Menores, Guardia Civil, Policía Nacional y la propiedad de la finca», concluyen.
