El PP ha presentado un decálogo de medidas con las que pretenden que se facilite el acceso a una vivienda en Vila “tras seis años de políticas equivocadas de Rafa Ruiz [alcalde], que han provocado que la ciudad haya pasado del octavo puesto al primero con la vivienda más cara de España”.
El portavoz popular en el Ayuntamiento, José Vicente Marí, ha hecho públicas las medidas a la vez que ha recordado «que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional y los poderes públicos deben hacer las políticas que permitan garantizar ese derecho a los ciudadanos».
«El problema es que, con Ruiz y López, este derecho sale disparado por la ventana”, ha indicado.
Estas son las diez medidas que proponen los populares:
1. Reducir el porcentaje obligatorio de destino a VPO del PGOU en trámite (del 30% al 20%). «Esa disposición impide desarrollar el suelo libre de la ciudad porque nadie va a ponerlo en marcha y, por tanto, la oferta estará paralizada, será cada vez más escasa y con alza de precios», argumentan.
2. Convertir suelo urbanizable a urbano. «Se puede hacer, no solo para los campos de fútbol», subrayan.
3. Un plan de estímulo fiscal municipal a las cooperativas de viviendas a precio tasado.
4. Un Plan de construcción de VPO que suponga (además de las 566 de Ca n’Escandell) 185 viviendas VPO públicas o privadas en la próxima legislatura, tanto en régimen de compra como de alquiler.
5. El mantenimiento de la línea de subvención al alquiler con una dotación de 500.000 euros, «medida aplicada gracias a la propuesta del PP en abril de 2020», recuerdan.
6. Desburocratización de los procesos de edificación, con mayor dotación de personal. «Se tarda de media 5 años desde que se inicia un expediente de desarrollo de suelo hasta que se pone la primera piedra. Por ello se deben hacer las reformas necesarias, normativas, de reducción de trámites administrativos y de impulso a las declaraciones responsables que reduzca ese plazo de 5 años a la mitad», afirman.
7. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles «para incluir la bonificación del impuesto establecida en el artículo 74.6 de la LHL (Ley de Haciendas Locales) en su porcentaje máximo y en los términos que se definan, relativa a la bonificación de alquileres sociales», apuntan.
8. Reducción progresiva del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes inmuebles aplicable a los inmuebles urbanos en dos años, «hasta situarlo en el ejercicio 2023 en el 0,60%».
9. Derogar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Urbanos (conocida como Plusvalía municipal), «ya que es un coste más de adquisición de vivienda que o bien se repercute directamente al comprador o indirectamente vía incremento del precio de compra», apuntan.
10. Reclamar al Govern medidas fiscales en materia de vivienda que pasen por tipo reducido del 4% para compra vivienda habitual y al 2% en caso de jóvenes menores de 30 años. También eliminar el AJD (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) para adquisición y préstamos hipotecarios para la compra de vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años, familias numerosas o monoparentales.
Marí ha calificado de “urgente” la necesidad de actuar con políticas efectivas como las propuestas anteriormente y ha lamentado que “Ruiz pretenda ahora perjudicar aún más a los ciudadanos de Vila, expropiando viviendas o su uso, estableciendo un recargo del 150% en el IBI, tratando de aprobar un PGOU que impone la cesión del 30%, tardando 7 años para hacer VPO y topando los alquileres. Así no va a arreglar esta situación”, apuntan.
“Ruiz no tiene credibilidad alguna en esta materia. No ha habido ningún boom inmobiliario entre 2015 y 2021 y sus políticas de vivienda nos han pasado de ser la octava más cara a ser la campeona, la primera ciudad más cara de España. Lo que propone va directamente dirigido a empeorar la situación, a dejarnos como Barcelona, Berlín o San Francisco, con menos stock de vivienda para compra o alquiler asequible, con incrementos de precios y más economía sumergida con rentas en B”, ha añadido.
“Hay que cambiar la política de vivienda si queremos que los jóvenes puedan emanciparse, si queremos que las rentas medias y bajas puedan acceder a un precio asequible, si queremos, en definitiva, que vivir en Vila valga la pena y no sea una quimera. Hay que cambiar todo esto, pero sin duda también hay que cambiar a Rafa Ruiz”, ha concluido.
Hace décadas se debió realizar una política de vivienda pública en alquiler. Ahora, con la Isla saturada de cemento no debería construirse un metro cuadrado más. Cuanto más se construya más gente vendrá y más necesidad de vivienda habrá: la oferta aumentará la demanda.