El Govern de les Illes Balears ha entregado hoy al Consell Insular de Ibiza y a los cuerpos de policía local de la isla un protocolo de actuación para intensificar la lucha contra el intrusismo en materia de alquiler turístico de viviendas. Según explican desde el área de prensa del CAIB, este documento, aprobado hoy en el transcurso de una reunión extraordinaria del Consell de Coordinación Pitiuso, ha sido «elaborado por la dirección general de Emergencias e Interior un mes después de que el Govern i el Consell Insular de Ibiza acordaran el establecimiento de los mecanismos y protocolos adecuados para combatir este problema».
La reunión ha sido presidida por la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern, Antònia Maria Estarellas, quien ha destacado que la «celeridad con que se ha elaborado y aprobado este documento prueba el compromiso firme del Govern de les Illes Balears y del Consell Insular de Ibiza para actuar con determinación y coordinación contra la oferta ilegal». En la reunión también han estado presentes, por parte del Govern, el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz; y por parte del Consell, el conseller de Presidència, Hisenda, Gestió Econòmica y Deportes, Salvador Losa; el conseller de Innovación y Transparencia, José Ignacio Andrés; y el director insular de Intrusismo, Enrique Gómez Bastida.
La consellera Estarellas ha explicado que, una vez que el pasado 13 de febrero se creó un equipo técnico de apoyo, el Instituto de Seguridad Pública (ISPIB) comenzó a diseñar los protocolos de actuación y de coordinación de las policías locales necesarios para poder llevar a cabo esta tarea. Al mismo tiempo, Estarellas ha puesto la EBAP a disposición de los ayuntamientos de Eivissa para impartir, si es necesario, las formaciones adecuadas para que los agentes de Eivissa puedan aplicar correctamente el protocolo aprobado hoy.
Estarellas ha señalado que una problemática como la del intrusismo requiere una acción transversal de todas las instituciones implicadas y ha felicitado al Consell Insular de Ibiza por esta «apuesta pionera» en la lucha contra estas actividades consideradas ilegales y que agravan el problema de la vivienda que sufrimos en les Illes Balears, especialmente en Eivissa. «El objetivo de este convenio es generar unas bases de datos que permitan acabar con estas malas prácticas y evitar su reincidencia», ha añadido la consellera.
Por su parte, el director general d’Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha señalado que la aportación por parte del Govern a través de este protocolo es la coordinación de las Policías Locales, a través del Instituto Balear de Seguridad Pública (ISPIB). «Los policías son los que están en la calle cada día y los que tienen una información valiosísima para que este plan contra el intrusismo impulsado por el Consell de Ibiza funcione».
Gárriz también ha explicado que, entre las funciones de las policías locales previstas en el protocolo, destaca su tarea en la detección y recogida de pruebas sobre posibles casos de alquiler turístico ilegal. Los agentes deberán identificar a las personas arrendadoras, verificar el periodo de estancia y el canal de comercialización utilizado, así como recopilar información relevante, como testimonios de vecinos y clientes, servicios turísticos ofrecidos o documentos acreditativos. Además, se recogerán datos precisos de la vivienda, incluida su geolocalización, y se formalizará un acta para garantizar una tramitación efectiva de las infracciones detectadas. Este protocolo, ha afirmado, dota a los cuerpos de policía local, «la autoridad más cercana al ciudadano», de herramientas claras para actuar con mayor eficacia y coordinación en la lucha contra el intrusismo.
Desde el Consell de Ibiza han señalado que este protocolo es «fruto de la colaboración institucional que permite dar forma a herramientas más efectivas y ágiles en la lucha contra el intrusismo». En este caso, a partir de ahora, las policías locales podrán recopilar datos directamente cuando atiendan una incidencia referida a alquiler turístico que afecte a la convivencia. Esta información será trasladada directamente a los servicios de inspección del Consell para que verifiquen los datos y, en caso de ser necesario, tramiten la correspondiente denuncia.
