La Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern de les Illes Balears, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y la Policía Local, ha llevado a cabo una serie de inspecciones en seis promociones de viviendas públicas en el municipio de Ibiza durante dos días, «detectando nueve posibles infracciones, la mayoría por tener alquiladas las viviendas por encima del precio legal y en un caso por dedicar una VPO al alquiler por habitaciones y para uso turístico. Los posibles infractores se enfrentan a sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros y otros importes adicionales según las cuantías cobradas indebidamente de más en los alquileres.
Durante esa campaña de inspecciones de VPO en Eivissa durante dos días, miércoles y jueves de esta semana, los inspectores del Govern, junto con agentes de la Policía Local, han detectado nueve posibles infracciones. En una promoción situada en la calle Albarca se ha detectado un caso de una VPP dedicada al alquiler por habitaciones (al precio de 700 euros por habitación) y al alquiler turístico. En otra promoción, también se ha detectado la posible existencia de alquileres turísticos, según las manifestaciones de los vecinos.
En el resto de casos, se han detectado alquileres de las viviendas de protección con un sobreprecio del alquiler máximo o, en un caso, en principio sin superar el precio máximo legal, pero con un piso alquilado sin contrato. Las posibles infracciones son por alquilar la vivienda por encima del precio legal, a excepción del caso de la VPO utilizada para alquiler de habitaciones y alquiler turístico.
Infracciones graves
En la mayoría de los casos, se trata de infracciones graves, con sanciones establecidas por la ley de entre 3.000 y 30.000 euros, y a los importes de las sanciones se pueden sumar otros importes adicionales según las cuantías cobradas indebidamente de más en los alquileres.
Por ejemplo, si un propietario de una VPO cobra indebidamente 100 euros mensuales de más durante un año, la sanción se situaría en unos 5.000 euros aproximadamente, y si se trata de un sobreprecio de 500 euros al mes durante cinco años, la sanción se podría acercar a los 30.000 euros, importe máximo de una infracción grave.
A partir de estas inspecciones, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza revisará estas denuncias de las inspecciones a las VPO por si de las mismas se derivan sanciones por cambio de uso de las viviendas. Las sanciones pueden suponer hasta el 75% del valor del mercado de la vivienda denunciada, según indica el Ayuntamiento.
En estas inspecciones, han participado tres inspectores por parte del Govern balear, y un total de cuatro policías locales de Eivissa (dos cada jornada). La voluntad del Govern es realizar inspecciones de una forma periódica, tanto en temporada baja, como en temporada alta, para evitar el uso fraudulento de las viviendas de protección pública en cualquier momento del año.
Esta actuación conjunta del Govern de les Illes Balears y el Ayuntamiento refuerza la colaboración entre ambas administraciones en materia de vivienda, tanto por los acuerdos para la construcción de nuevas promociones de vivienda de precio asequible en Ibiza, a través del IBAVI y del programa Construir para Alquilar, como, en este caso, por el compromiso de velar por el buen uso de las viviendas públicas y para reducir el fraude o las actuaciones ilegales en materia de vivienda y, en concreto, en el ámbito de las viviendas de protección pública.
