El pasado mes de julio, Sergio González Malabia (Valencia, 1976), titular del Juzgado de Primera Instancia número 3, fue elegido por la Junta General de Magistrados y Jueces de Ibiza como juez decano del partido judicial, un cargo que asumió oficialmente en octubre. Cinco meses después, hace balance del trabajo realizado y de sus objetivos futuros.
González Malabia resalta la inminente puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número 6, especializado en Familia, y el buen funcionamiento del Servicio de Mediación. Incide en que los juzgados de Instrucción y de lo Social están «desbordados» y confía en que no haya que esperar otros seis años para contar con un nuevo órgano judicial. E insiste en reclamar un aumento del plus de insularidad para que el personal de la Administración del Estado «quiera venir y, sobre todo, se quiera quedar» en Ibiza, una cuestión con la que, apunta, «todo el mundo está de acuerdo» pero sobre la que «nadie hace nada».
La próxima semana, el 31 de marzo, se creará el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ibiza, que empezará a funcionar el día 2 de abril. ¿Se ha cubierto la plantilla que necesita este órgano?
Ya están designados cuatro tramitadores, tres gestores y un auxilio y los concursos de secretario [de la Administración de Justicia] y de juez están en marcha. El de secretario, que más o menos conozco quién lo va a pedir y es uno que está aquí, no sé los plazos. El de juez no se resolverá hasta después de su entrada en funcionamiento, pero para el tiempo que transcurra hasta que haya un juez titular hemos tomado decisiones para prever su puesta en marcha y se hará un llamamiento esta semana para que se designe a un juez sustituto que temporalmente se ocupe.
Entonces no ocurrirá como en 2018 con el Juzgado de Primera Instancia número 5, cuya puesta en funcionamiento se retrasó por falta de personal.
No. Yo de eso no me ocupo, lo hace el Ministerio de Justicia. Pero hablé con una persona del sindicato y me dijo que ya estaba [cubierta la plantilla de la oficina judicial]. Son todos interinos y de fuera, veremos cuánto duran; al menos han conseguido reunir la plantilla, lo cual ya me parece raro, pero supongo que por las fechas en las que estamos aún no está difícil el alojamiento. Veremos cuánto aguantan, porque la estabilidad del personal es el mayor problema que tenemos.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado atribuir al nuevo juzgado todos los asuntos relativos a Familia.
El Juzgado de Primera Instancia número 6 lo crea el Ministerio de Justicia como uno más, como los cinco que hay, con las mismas materias. Hemos sido los jueces de Primera Instancia los que en enero aprobamos en una junta de jueces instar o promover los pasos necesarios para que ese juzgado de nueva creación se especializara.
Una petición que ya se hizo cuando se creó Primera Instancia 5.
Y no se concedió. Normalmente en los partidos judiciales se empiezan a especializar juzgados a partir del sexto. En el quinto no se concedió; se dice que se pidió, pero yo como juez que era entonces no recuerdo haber celebrado una junta de jueces para pedirlo.
¿Por qué era necesaria esta especialización en Familia? ¿Qué supondrá para la ciudadanía?
Veíamos necesario, no sólo para el funcionamiento de los propios juzgados sino para la sociedad, que no hubiera seis criterios distintos porque supone mucha disparidad. Es más conveniente un único criterio, uniforme, para todos los asuntos de Familia que se entiende que son urgentes, necesarios, en los que hay niños menores y situaciones que atender de forma rápida. ¿Qué pasa? Que sólo Familia para un juzgado es muy poco, porque los asuntos de Familia en cada uno de los juzgados equivalen aproximadamente a un 10% de la carga de trabajo.
¿Entonces?
Había que darle algo más y junto a Familia se atribuyen con carácter exclusivo las materias que están un poco vinculadas: las medidas de apoyo a personas con discapacidad, los internamientos de personas con algún tipo de trastorno psicológico y los recursos contra resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
El CGPJ ha establecido una exención del 79% respecto al resto de asuntos, de manera que sólo asumirá un 21% de casos de otros ámbitos. ¿Es suficiente para descargar de trabajo a los actuales juzgados de Primera Instancia?
Del resto de asuntos, poco. Pero de Familia, sí. Es que Familia es una materia que desgasta mucho. Es una cuestión más de tacto, de valoración de circunstancias, de los padres, de los niños; la parte jurídica se pierde mucho. Tiene una carga emocional muy grande. En cualquier otro asunto tú dices: ‘Le debes 5.000, le debes 10.000’ y te vas a tu casa y ya está. Pero cuando tienes que decidir si un niño de tres años se queda con el padre, se queda con la madre, uno se va a casa un poco fastidiado. Todo eso es lo que el CGPJ ha valorado.
¿Cuáles son en estos momentos los principales asuntos que colapsan la jurisdicción civil aquí en Ibiza?
Ahora mismo, los temas bancarios: condiciones generales de la contratación, cláusulas bancarias, intereses de demora, gastos hipotecarios, tarjetas revolving. Eso nos tiene colapsadísimos. Después hay muchas cosas en materia de seguros, de accidentes de tráfico, de daños en general. Hay muchísimos desahucios. Pero lo que más nos ocupa, el 50% de la carga de trabajo que entra, son procedimientos monitorios, de reclamaciones de cantidad documentadas. Hay una barbaridad y son sobre todo de empresas de concesión de préstamos rápidos.
¿Cuál es la carga actual de trabajo de los juzgados de Primera Instancia?
Aproximadamente estamos conociendo entre 2.100 y 2.200 asuntos, en 2023. Y [la cifra] se incrementa cada año, no hay ninguno que se reduzca.
¿Y cuál sería la cifra óptima de asuntos que deberían asumir?
No más de 1.000.
Cuando asumió el cargo de juez decano se refirió a tres necesidades relativas a órganos judiciales: un nuevo Juzgado de Primera Instancia, otro de Instrucción y uno más de lo Social. Teniendo en cuenta que el último creado en 2018 ya fue de Primera Instancia…
Cuando se creó el [de Primera Instancia] 5 ya hacían falta dos. Antes de crearse, en el año 2015 o 2016, vino el servicio de inspección y en su informe ya recogía que hacían falta dos juzgados de Primera Instancia. Pero los van creando de forma paulatina, siempre más lentamente que las necesidades. Cuando estamos ahogados, cuando ya no puedes más, crean otro. Y los cinco juzgados actuales estamos colapsados.
¿Pero era ésta la principal necesidad de las tres?
Sí. En cuanto a carga de trabajo, hay más volumen de Primera Instancia. No voy a decir que yo prefiero que creen uno de Primera Instancia, ojalá creen uno de Instrucción. Porque claro, en la isla el problema que hay es que durante le verano todo se desborda, y esos cuatro juzgados de Instrucción que durante el invierno, bueno, podrían servir, con todo lo que se mueve aquí en verano están desbordados.
¿Cuál es la carga de trabajo de los juzgados de Instrucción? ¿Es sostenible su situación?
No dan abasto. Las causas se eternizan porque en cualquier asunto del que se presenta una denuncia hay que citar a los testigos y a las partes, tomarles declaración, hacer todos los documentos, pedir diligencias, escuchas, entradas a domicilios… Todo eso alarga la instrucción una barbaridad. Y esto en un asunto, pero es que entran, entran y entran. Los juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 lo van capeando y lo van llevando. Pero el 4 tenía una sobrecarga excesiva por sus circunstancias y se ha nombrado un juez de refuerzo para ayudar a quitar el volumen que hay. Además, los juzgados de Instrucción una vez a la semana hacen de juzgado de guardia y eso es una semana que no están dedicados a sus quehaceres. Entonces, haría falta al menos uno más de Instrucción y uno más de Social.
¿En qué situación se encuentra el Juzgado de lo Social?
En Social hace dos meses estaban señalando [juicios] para julio de 2025; ahora deben estar señalando para octubre o noviembre de 2025. Eso es una animalada. Lo que pasa es que no se le da la relevancia que tiene a este juzgado. Parece que afecta más la parte económica, Instancia, o la parte penal, Instrucción, pero Social es el tema de derechos de los trabajadores, de incapacidades. En Ibiza y Formentera hay seis juzgados de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, dos de Penal, hasta uno específico de Violencia sobre la Mujer y ¿sólo uno de Social? Problemas laborales hay muchísimos; a todo el mundo lo despiden, le deben dinero del salario, tiene una baja, una incapacidad… Es completamente necesario otro de Social.
¿Cree que habrá que esperar otros seis años para ver un nuevo órgano judicial en Ibiza?
Espero que no. El Ministerio de Justicia tiene todas las estadísticas de asuntos y la misma información que yo. Supongo que es un problema presupuestario, porque si no, no hay otro inconveniente. Claro, hay que crear un juzgado, poner siete funcionarios, un juez, un letrado, pero habrá que hacerlo. La población ha crecido demasiado y la planta judicial no se ha ido actualizando a ese crecimiento.
Y se han judicializado más los asuntos.
Por supuesto. Yo conozco asuntos de hasta 30 euros, que para la Administración suponen un coste tremendo. Ahora, todo el mundo acaba aquí. Por eso estamos intentando fomentar la mediación, porque hay muchos asuntos que no es necesario que resuelva un juez, en los que se puede llegar a un acuerdo entre las propias partes a través de un tercero, que es un mediador, que intenta poner sus posiciones en común.
¿Cómo está funcionando el Servicio de Mediación, creado en noviembre?
Lo creamos en noviembre, pero empezó realmente a funcionar en enero. Desde entonces, se han derivado ocho asuntos de Primera Instancia, que puede parecer poco, pero en todo el año anterior no ha habido ocho asuntos que se hayan resuelto en mediación en toda la isla, y está funcionando muy bien. Porque la mediación ha existido siempre, pero fuera del juzgado. Pero yo como juez, cuando tenía un asunto que podía enviarse a mediación, ¿dónde lo mandaba? Ahora decimos: «Bajen que tenemos una sala y pidan cita para hacer una sesión de mediación a ver si llegan a un acuerdo, y si no, suban otra vez».
¿Se han podido resolver esos ocho casos?
Están en ello.
¿Qué procesos son susceptibles de resolverse por esta vía? ¿Es sólo para asuntos civiles?
No. También se puede utilizar en asuntos penales, según el tipo. Hay una mediación restaurativa, porque en la jurisdicción penal se puede imponer una condena a una persona, pero eso no siempre soluciona el problema, hay otras cosas que se pueden hablar y tratar y para eso sí puede servir. Y problemas de vecindad, delitos leves de insultos, de injurias o de calumnias, que son delitos digamos de carácter privado, no público, sí que pueden tener un arreglo y solución a través de la mediación. De hecho, yo les insisto a los jueces de Instrucción para que me manden [casos].
¿Y lo hacen?
Por el momento no.
¿Considera que hay cultura de la mediación en la sociedad?
No la hay. Aquí queremos ganar o perder, pero en la mediación ni ganas ni pierdes, hay que buscar una solución que satisfaga a las dos partes y que además va a permitir continuar con las relaciones futuras. Porque si tú eres una empresa que presta un servicio, yo te he contratado y tenemos un problema con el pago, es mejor que lo solucionemos de forma no judicial porque probablemente tenga que seguir recurriendo a tu servicio en el futuro y si acudes al juzgado y la decisión es más brusca, puede que rompas la relación. O en familias, en temas de división de herencias; una decisión judicial puede que se cargue la familia para siempre y en mediación, una solución que puedan encontrar las partes puede permitir resolver el conflicto y mantener la familia.
Y además más rápido.
Mucho más rápido. Y diría que mucho más barato, porque el coste de los abogados de un procedimiento no es igual que el coste de la mediación. Lo que estamos intentando es crear esa mentalidad. Además, el servicio de mediación no sólo está previsto para quienes ya están aquí en el juzgado litigando, sino que cualquier ciudadano de fuera que tenga un problema con una persona puede acudir al servicio.
A principios de este mes el Juzgado de lo Social se trasladó aquí, a la sede judicial de sa Graduada, donde comparte planta con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, lo que generó polémica. ¿Cómo está funcionando esta nueva ubicación? ¿Ha habido algún inconveniente o problema?
Ninguno. El Juzgado de lo Social lleva aquí desde el día 8 de marzo funcionando perfectamente. Es que no hay otra opción. En el Cetis estaba el Juzgado de lo Social, se crea Primera Instancia 6 y tiene que ir allí y Social tiene que salir. ¿Dónde lo ubicamos? No hay ningún otro espacio más que la planta que está originariamente diseñada para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y el Juzgado de lo Social. ¿Esto puede afectar a las víctimas? A ver, acceden al edificio por la misma puerta de todo el mundo, suben en el ascensor con todo el mundo. Y llegan a la tercera planta y tienen un sitio de espera sólo para ellas, donde no se mezclan con nadie, un sitio para tomar declaraciones sólo para ellas y un sitio exclusivo si quieren reunirse con sus abogados.
No ha habido queja alguna de las usuarias, entonces.
Ni una sola queja. De hecho, si empieza a funcionar y hay algún problema, lo atajamos. Hay propuestas de sobra: se propuso destinar un guardia de seguridad de la puerta y ponerlo arriba para que esté al tanto de verificar que nadie se mezcle con las víctimas, poner unos mostradores para separar las dependencias… No ha hecho falta, pero si surgiera algún problema, se soluciona y ya está.
Hablaba de la sala de espera para las víctimas que está previsto, además, que se convierta en «sala amable» de la mano de la Oficina de la Dona. ¿Cómo se encuentra esta iniciativa?
El lunes empiezan los trabajos y el miércoles vamos a inaugurarla. Ahora es una sala de espera con sillas del juzgado y la van a poner con sillones, alfombras, cambiadores para niños, juegos. Esa sala el lunes se convierte en sala amable junto a otras dos: una en planta baja, para que las víctimas que tienen juicios mientras tienen que esperar no lo hagan en el pasillo, y otra en la quinta planta.
Otra de sus grandes reclamaciones es la finalización de la segunda fase del edificio judicial. ¿En qué momento está este proceso? ¿Qué plazos manejan?
La última noticia es que se aprobó el proyecto de ejecución y se estaba licitando. Cuando se adjudique, supuestamente empezarán las obras y en el plazo que tengan se terminará. Se hablaba de dos años, que sería 2024 y 2025; en teoría en 2026 debería estar terminado. Yo estoy en el Cetis y a mí me fastidia bastante porque no estamos todos aquí, los abogados van y vienen, tenemos que esperar testigos. Siempre recuerdo que cuando vino la ministra Pilar Llop dijo que [las obras] estarían acabadas en mayo de 2023. Es marzo de 2024 y aquí estamos.
¿Será un edificio preparado para crecer, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el partido judicial? ¿O el traslado de todos los órganos desde el Cetis ya supondrá llenar todo el espacio disponible?
Lo inaugurarán y hay espacio para un tiempo. Es muy grande, hay un montón de despachos vacíos, hay salas vacías, hay un montón de dependencias. Lo único que hay que saber es gestionarlas y administrarlas bien. De hecho, que Social comparta con Violencia de Género es un problema ahora circunstancial de espacio, pero cuando acabe esta segunda fase podemos buscar otra ubicación.
La inestabilidad de las plantillas es, según ha comentado, uno de los principales problemas de la Administración de Justicia en Ibiza. ¿Cuál es la situación actual de los juzgados?
Éste es el principal problema. Falta personal, la gente se va. Casi el 80% de la plantilla es interina y se va. Su retribución económica no da para el nivel de vida que hay aquí y se va. Entonces, se crean unos vacíos que hasta que se vuelven a cubrir por gente interina, que viene de la península, pasa un tiempo en el que no hay servicio en ese puesto concreto. Cuando viene alguien, lo hace también sin experiencia, hay que enseñarle prácticamente de cero y cuando más o menos funciona, se da cuenta de que las circunstancias económicas no son muy adecuadas y se acaba yendo. Es un bucle.
Esta situación no afecta sólo a funcionarios, también a jueces.
Desde que yo estoy aquí, en Primera Instancia habré visto pasar unos 15 o 20 jueces, en trece años. De hecho, yo también me habría ido porque no soy de aquí, pero en Valencia no había plazas y se fue alargando, estás unos años y la cosa se complica. Pero quien viene de poblaciones donde sí puede volver, se va. Y desde que un juez se va hasta que haya otro titular igual pasa un año. Mientras, un sustituto, pero esos vacíos provocan un desastre porque para que funcione bien [un juzgado] hace falta un juez que esté tiempo.
¿El plus de insularidad es la solución a esto?
Yo pienso que sí.
¿Pero la única?
No la solución, no será: «Tomad 500 euros y se ha acabado el problema», pero ayudará mucho. Porque si a los funcionarios les dices: «Como funcionario en Andalucía ganas 1.500 euros y de vivienda vas a pagar 700. Ahora, si te vas a Ibiza vas a ganar 2.000 y el alquiler te va a costar 1.000», a lo mejor les compensa o conviertes el sitio en más atractivo. Y lo mismo ocurre con la Policía, la Guardia Civil, los profesores, los de Tráfico… Hace falta incentivar que la gente quiera venir y, sobre todo, que se quiera quedar.
Ésta es una reclamación antigua que sigue sin atenderse…
Pasan de un partido y otro, de un color y otro, la reivindicación es la misma, la necesidad es la misma, el problema es evidente y aquí nadie lo soluciona. Y no estamos hablando de tanto dinero; el otro día, que me reuní con el senador, hablaba de un presupuesto de 18 millones de euros anuales para estabilizar y fidelizar a la plantilla de la Administración del Estado de toda Baleares, que es un sitio que recibe muchísimo turismo y donde el Estado recauda muchísimo…
¿La falta de personal y su inestabilidad es la causa de la lentitud de la Justicia en la isla?
Ayuda, es un factor más. Aquí ha habido muchos factores: mucha población, pocos recursos, un edificio antiguo que se incendia y se paraliza la actividad… Hay muchas circunstancias, pero ésa es una muy importante, la inestabilidad de las plantillas, que se solucionaría, se mitigaría, con el plus de insularidad. Esto es algo que repito donde voy y todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo reconoce el problema, que es grave, pero nadie hace nada.
¿Crear un partido judicial para Formentera es una necesidad?
A ver, yo no decido si es una necesidad. El Ministerio de Justicia, con sus datos de población y de conflictividad, considera que no es necesario. ¿Me preguntas a mí personalmente? Ojalá. Si yo soy de Formentera, crean un juzgado y no me tengo que desplazar a Ibiza para nada, perfecto. Que sea necesario o que ese coste económico esté justificado por número de población y de conflictividad, debe de ser que no cuando no se crea. De todas formas, a través de la oficina judicial que hay en Formentera se evitan muchos desplazamientos y se ha mitigado mucho el problema de la doble insularidad. ¿Se puede reducir mucho más aún? Sí, con un juzgado.
¿Qué balance hace de estos meses como juez decano de Ibiza?
Pues hay muchísima faena por hacer. Hecha y por hacer. Hemos hecho el convenio de mediación e impulsando la sala; hemos modificado el protocolo que había con la Guardia Civil y la Policía Nacional para ampliar el plazo en el que se puede traer a detenidos [a los juzgados], que era una reivindicación o queja que tenían; hemos hecho un convenio de colaboración con la Fundación Conciencia, que en asuntos de menores que sufren agresiones sexuales están dispuestos a sufragar los gastos de los informes psicológicos que resulten necesarios de forma rápida; hemos hecho el traslado de lo Social; se ha creado el Juzgado de Primera Instancia número 6 y lo hemos especializado en Familia.
¿Y ahora qué, cuáles son los próximos objetivos?
El plus de insularidad, eso hay que conseguirlo. Acabar el edificio. Intentar que se creen más juzgados. Y después, mejorar las condiciones de los propios jueces. Por ejemplo hay una cosa que estoy pendiente de solucionar que es que nosotros, en el edificio antiguo, al lado en el solar, teníamos sitio para estacionar y en el Cetis también, en la puerta. Eso se quitó y no tenemos dónde aparcar, lo que es un problema. El juez no puede llegar tarde porque está buscando aparcamiento o aparcar al lado del tipo al que va a juzgar o bajar a poner [el ticket de] la hora… Y luego estamos readecuando un poco el uso de las salas, de los espacios.
Se ha empezado por la oficina de tráfico, pero al paso que vamos no habrá ningún estamento que funcione o que no acabe cerrando, aquí no quieren venir los funcionarios a trabajar por el problema de la vivienda.
Que esperan nuestros admirables políticos en conseguir un plus de insularidad y en perseguir los pisos turísticos.
No ens enganyem. Les Illes Balears mai han estat un lloc atractiu pels funcionaris. Més bé, una de les primeres vacants per sortir com : Badajoz, Teruel o Soria.
Cito: »Casi el 80% de la plantilla es interina y se va.»
Ara nam! aquí tenim el problema. La incertesa del empleats públics. Quin pla de vida pot tenir una persona si es »interina» casi 20 anys?. A lo millor, hauríem d’aplicar de les sentències del TJUE, no és bé? La temporalitat de l’administració pública…. però exigint a les empreses privades reduir-la.
No Sr. Decano, no es una animalada, es un VERGÜENZA, pero ha esto es a lo que nos ha llevado la categoría de nuestros gobernantes de uno y otro color, auténticos chupones, que solo han mirado por su sillón.