EFE / La ocultación de errores o de irregularidades anteriores, la necesidad, la codicia, la amistad y la búsqueda de un nuevo estatus son las motivaciones más frecuentes para cometer un fraude, según un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) sobre el «factor humano» de la corrupción.
El informe explora las motivaciones más habituales en las prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas en la compra pública y los factores de riesgo personal a raíz de la frase «estoy en política para forrarme», atribuida al exsecretario general del PP de Valencia Vicente Sanz, que se hizo viral en 1994.
Respecto de las motivaciones que llevan a cometer fraude y corrupción, el estudio concluye que suelen ser «la ocultación de errores o irregularidades anteriores, la necesidad, la codicia, la amistad, el amor, el estatus o el reconocimiento».
En los procedimientos de compra pública pueden existir errores técnicos o irregularidades y, en estos casos, «la voluntad de ocultar el error o la irregularidad cometida puede convertirse en la motivación para conductas fraudulentas», insiste el informe.
Otro motor para la corrupción, «particularmente en el contexto de países de rentas bajas», es lo que la Oficina Antifraude llama «la necesidad».
Los salarios bajos y la precariedad laboral «crean importantes incentivos para prácticas de abuso de la posición pública en beneficio privado para subsistir o acceder a bienes o servicios públicos de primera necesidad».
Sin embargo, la motivación más conocida cuando se habla de corrupción es, según la Oficina de Antifraude, la codicia, es decir, «la obtención de una ganancia personal, de un enriquecimiento ilícito aprovechando la ocupación de un cargo público».
El informe precisa que un servidor público no solo deviene corrupto para obtener una ganancia material, sino que también son importantes «la amistad o el amor, el estatus, el querer impresionar a los colegas y las amistades».
En ocho de los diez casos estudiados por la Oficina Antifraude hubo un beneficio material y en cinco de estos tuvieron «un papel muy importante otras motivaciones como la confianza y la amistad».
En los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea han insistido en la necesidad de profesionalizar la compra pública y evitar los factores personales de riesgo que violan principios como «la independencia, la neutralidad, la imparcialidad, la objetividad y la integridad».
En este sentido, el informe cita varios factores de riesgo, entre los que destacan la falta de inamovilidad real de los empleados públicos, la deficiente gestión de sus conflictos de interés, así como la falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad.
Antifraude analiza también los tres motores más habituales que llevan a la transgresión de las normas en la contratación pública, que son «la incapacidad de las personas por la falta de conocimientos o habilidades, la desidia a la hora de ejecutar las funciones y los sesgos cognitivos que provocan errores de juicio».
Sobre la desidia, sentencia que «la falta de cuidado, agilidad o dedicación a la hora de realizar las tareas» puede conducir también a prácticas irregulares.
El otro motor que incita a la transgresión viene dado por la «mente humana, por determinados procesos cognitivos que pueden limitar la racionalidad de las decisiones».
En este sentido, la Oficina Antifraude considera que cuando hay que tomar decisiones complejas «la mente humana crea atajos o circuitos rápidos que se saltan el sistema racional de procesar la información captada por nuestros sentidos, con el objetivo de ser más eficientes».
Estos atajos «pueden generar distorsiones importantes de la lógica» o, en otras palabras, «sesgos cognitivos» que pueden conducir a errores en los procesos de razonar, evaluar o recordar.
