NouDiari / La diputada ibicenca de Unidas Podemos y vicepresidenta del Parlament, Gloria Santiago, ha mostrado este jueves el rechazo de su partido a la práctica de los vientres de alquiler y ha lanzado un mensaje a las mujeres asegurando que «mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno sus derechos estarán garantizados».
En la Comisión de Asuntos Sociale se ha debatido y votado una Proposición No de Ley (PNL) de los socios del pacto sobre los vientres de alquiler y Santiago ha defendido que “con esta iniciativa se está diciendo muy claro que la maternidad es un proceso vital».
En este sentido, el Parlament ha validado expresar su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler porque socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas y ha instado al Gobierno de España a reforzar las garantías para evitar esta práctica ya prohibida por ley.
Santiago ha defendido que “ahora en esta Comunidad autónoma y también en el Gobierno estatal gobiernan dos partidos de progreso y avance que aportan al Feminismo y a todas las mujeres, nos hayan o no votado, la tranquilidad de saber que mientras estemos a los mandos, los derechos y el empoderamiento colectivo de la mujer estarán mejor garantizados”.
“La amenaza de la derecha planea sobre nuestro futuro y por eso cualquier iniciativa que trate de asegurar, consolidar o caminar hacia la libertad de la mujer y de su cuerpo es una buena noticia”, ha asegurado la diputada, al tiempo que ha explicado que “votando en contra de esta iniciativa, da igual como se vista, da igual las excusas que se digan, da igual los argumentos y las ideas sobre la mujer y su libertad que tergiversen, se está diciendo a todas las mujeres que podemos ser sacos de boxeo, floreros en una casa o una vasija para bebés de ricos. Votar en contra de esta inactiva es votar violencia”.
Cabe señalar que la iniciativa también insta al Ejecutivo central a sancionar fuertemente las agencias que se dedican a esta actividad y a considerar la posibilidad de recurrir a otras medidas legales que refuercen el cumplimiento de la legislación actual para evitar los vientres de alquiler al conjunto del estado.
Asimismo, exige al Gobierno que derogue la instrucción de 5 de octubre de 2010 para la inscripción registral de los niños y niñas nacidos de vientres de alquiler.