El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado en junta de gobierno las bases que regularán la concesión de las ayudas aprobadas por el Govern balear, que ascienden a 874.000 euros por el periodo 2022-2025, destinadas a cubrir los gastos de alquiler de los próximos años de las familias afectadas por el desalojo de los Don Pepe.
Esta misma mañana se ha celebrado una convocatoria urgente de la comisión municipal de seguimiento de los Don Pepe, en la que participan representantes de todos los grupos políticos.
Todos han dado su apoyo unánime al texto, en lo que es el paso previa necesario antes del acuerdo de junta que ha avalado el documento que se ha enviado ya para su publicación al Boletín Oficial de la Comunidad. Las personas afectadas podrán pedir estas ayudas a partir del día siguiente a la publicación oficial al BOIB.
Un acuerdo de pleno reciente consignó las partidas correspondientes para este fin en los próximos ejercicios, con una primera anualidad de 145.800 euros para este 2022; 291.600 euros para 2023, la misma cantidad para 2024 y 145.800 euros restantes para llegar a los 874.800 para el año 2025.
El teniente de alcalde de Economía, Vicent Roselló, ha detallado que estas bases han sido acordadas con el Govern, administración que «se ha implicado desde el primer momento en ayudar a todas estas personas, en respuesta al llamamiento que hacíamos desde el Ayuntamiento a que nos apoyaran para no dejar nadie atrás en esta crisis, la peor emergencia social que ha sufrido Sant Josep», indica en un comunicado.
Las bases establecen una ayuda de 750 euros mensuales como máximo para personas que vivan solas y de 900 euros para las unidades de convivencia formadas por dos personas con hasta un máximo de 1.200 euros para las que estén integradas por más gente. La convocatoria tiene carácter retroactivo y prevé atender las necesidades de alojamiento de este colectivo entre el pasado 1 de julio de 2022 hasta junio de 2025. Además, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones que puedan percibir los solicitantes.
Se podrán beneficiar las personas que residían a los Don Pepe en el momento del desalojo, que estuvieran empadronadas en las islas hace más de un año antes del hecho y que la vivienda para la que piden la ayuda esté situada en la Comunidad, situación que tendrá que estar acreditada en un informe de los servicios sociales municipales.