EFE / Las familiares de cuatro jóvenes muertos al ser atropellados en accidentes de tráfico han presentado hoy en el Congreso de los Diputados 300.000 firmas recogidas en la plataforma change.org y en papel para pedir penas más duras por conducir bebido y drogado y que se fije la «tasa cero» de alcohol al volante.
Junto a las familias ibicencas se encontraban los padres de Paula Fornés, que murió en Mallorca con 15 años cuando regresaba a casa con un grupo de amigos al ser atropellada por un coche conducido por una mujer que quintuplicaba la tasa de alcoholemia.
El portavoz de las cuatro familias, José Fernández García, tío y padrino de Paula, ha explicado que han logrado reunir estas firmas en menos de tres meses, ya que comenzaron el pasado 24 de junio, pocos días después del fallecimiento de su sobrina, lo que a su juicio refleja que «la gente está muy concienciada con este tema, que hay que ponerle remedio y hay que acabar con ello».
Ha explicado que han pedido como primera medida a los representantes de todos los grupos políticos «que sean valientes» e implanten la «tasa cero» de alcohol al volante.
Igualmente, reclaman una modificación del Código Penal, ya que consideran incongruente que se castigue con penas de entre uno y cuatro años de cárcel las imprudencia temerarias por atropellar a una persona cuando el hecho de provocar la amputación de un miembro en una pelea por ejemplo está castigado con entre seis y doce años de prisión.
El portavoz de las familias ha añadido que lo normal es que las penas por estos hechos sean de dos años con lo que los condenados no ingresan en prisión.
«Además no puede ser que por ejemplo en el caso de Paula le atropellan el día 24 de junio, detienen a la conductora, la ponen a disposición judicial y a los diez días sale de la cárcel pagando 12.000 euros de fianza. Te han atropellado a tu sobrina diez días antes y hoy atropellan a la familia entera. Debería estar en la cárcel hasta la celebración del juicio», ha apuntado.
José Fernández estima que hay que reforzar también el castigo de la omisión del deber de socorro.
Ha avanzado que si llegan al medio millón de firmas estudiarán la posibilidad de presentar directamente en el Congreso una iniciativa legislativa popular pero de momento con las que llevan ya recogidas prefieren que sean todos los grupos los que saquen adelante la reforma del Código Penal que reclaman.