EFE / Los examinadores de Tráfico han convocado para mañana y hasta el día 21 una huelga después de que no se haya reflejado en la nómina de noviembre el incremento retributivo en el complemento específico que se acordó en su día y que está recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Los examinadores pusieron fin hace casi un año, el 13 de diciembre de 2017, a una huelga de casi seis meses tras un acuerdo alcanzado en el Congreso, firmado por todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que introducía una partida presupuestaria para poner fin a una discriminación salarial que el colectivo soportaba desde hace diez años.
Posteriormente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 3 de julio se aprobó, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el incremento retributivo del complemento específico del colectivo examinador, así como el de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sin embargo, a fecha de hoy, según Asextra, aún no se ha ejecutado el incremento retributivo del complemento específico al colectivo examinador por parte de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). Tampoco se ha conseguido llegar a un acuerdo en las reuniones mantenidas con los responsables de la Dirección General de Tráfico.
Mientras, las autoescuelas han hecho un llamamiento al Gobierno para que atienda las reivindicaciones de los examinadores y pueda evitarse la huelga. Recientemente, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que subsanara el error o la dificultad técnica que impide hacer efectiva la subida salarial en el complemento específico..
«Ni los ciudadanos de este país que necesitan obtener el permiso, ni las autoescuelas podemos revivir la pesadilla de 2017», con un conflicto laboral que llevó a suspender «un cuarto de millón de pruebas de circulación». La huelga, asegura Báez, «sería la ruina para muchas autoescuelas y un contratiempo importante para los ciudadanos que ansían sacarse el permiso. No se puede jugar con la vida de las personas, con su futuro, con sus posibilidades de encontrar un empleo, con el pan de un sector que lucha día a día para sobrevivir.