Maratoniana declaración de testigos en la segunda sesión del juicio por el ‘caso Cretu’

@D.V./ Cuatro horas de sesión y diecisiete testigos. La segunda sesión del juicio por el ‘caso Cretu’ ha puesto a prueba la resistencia de todos los presentes, y ha intentado aclarar dos dudas que se pueden resumir en estas preguntas: a) ¿los responsables del Ayuntamiento de Sant Antoni concedieron la licencia de obras a la casa de Cretu a sabiendas que era ilegal? b) ¿las modificaciones al proyecto original se realizaron antes o después de que el aparejador realizara el informe de final de obra?

En torno a estos dos interrogantes han pivotado los diecisiete testigos llamados por los abogados de cada parte y, evidentemente, cada uno ha explicado su propia versión de los hechos.

“La casa no estaba en la cima, sino en la parte más alta”
La estrategia del abogado Eduardo Valdivia, defensor del exalcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur ‘Botja’, i de la exregidora de Urbanismo, Blanca Castiella, ha sido demostrar que éstos concedieron la licencia presionados por el abogado de Cretu, quien supuestamente habría amenazado con denunciarles si no les concedía la licencia. Valdivia ha recordado la sentencia del Supremo que condenó al Ayuntamiento de Formentera por no conceder una licencia a un cámping.

Posteriormente, han declarado los exregidores Josep Prats, Josep Serra ‘Pilot’ y Josep Cardona ‘Parentona’, que formaban parte de la Comisión de Gobierno que el 25 de abril de 1997 aprobó la licencia de obras a la mansión de Cretu, y los tres han coincidido en que la decisión se tomó sin debate ni discusión, y que tanto el alcalde como la regidora contaban con informes que avalaban su decisión, por lo que votaron a favor.

Preguntados por la legalidad de la obra, Josep Prats ha respondido que “yo no soy profesional de urbanismo, soy director de hotel”. El abogado del GEN, Eduard Clavell, ha presionado con preguntas a Josep Cardona preguntando si le podía explicar donde estaba situada la mansión. El objetivo que era que pronunciara la palabra tabú “cima”, ya que construir en la cima de una colina es manifiestamente ilegal. Cardona ha intentado escapar con un subterfugo afirmando que la casa estaba en “la parte más alta”.

“El incumplimiento de la ley era flagrante”
Posteriormente ha sido el turno de los testimonios de la defensa. Así, tanto Neus Prats del GEN como el periodista Joan Lluís Ferrer han recordado que la casa incumplía la Ley de Espacios Naturales al encontrarse en la cima de una colina, estar sobre la cota 200 y contener un estudio de grabación cuando sólo contaba con una licencia residencial. Tanto Prats como Ferrer han recordado el enorme impacto visual de las obras y la deforestación que se provocó sobre el territorio.

La defensa de Marí Tur y Castiella ha preguntado a Prats por el informe del Consell Insular que avalaba la actuación del Ayuntamiento, y ésta ha replicado que el informe del Consell -del año 1997- respondía a cuestiones secundarias como la volumetría del edificio, pero que no entraba en el meollo del asunto, que era la ubicación de la casa.

Por su parte, el exregidor del Grupo Verde, Josep Ribas Ribas, ha insistido en su convencimiento que la obra era ilegal, aunque disculpó al exalcalde asegurando que “la legislación era un caos” y que “en aquella época no había la sensibilidad de ahora y era normal ignorar las leyes y pasárselas por encima”. Finalmente, el tècnico forestal Andrés Valera ha recordado las irreversibles consecuencias sobre el medio ambiente que comportó la construcción de la mansión.

La increíble casa creciente
Al margen de la irreguaridad de la licencia, la mansión de Cretu acabó ocupando casi el triple de la superficie permitida, con una capacidad volumétrica que se multiplicaba por cinco. Han dado constancia de estas transformaciones las arquitectas del Consell Núria de Urrutia y Patricia Soler, quienes en el año 2003 -tres años después de que se hubiera redactado el informe de final de obra- realizaron un informe sobre la casa.

“Comparamos el edificio real con el edificio proyectado y la diferencia era enorme” ha asegurado de Urrutia. Las dos arquitectas han relatado que una zona que en principio estaba destinada a pérgolas y unos porches se habían tapiado y integrado en el edificio, y que la planta inferior, subterránea, que en principio eran forjados sanitarios y dependencias dedicadas a la fontanería y las tuberías del edificio, se habian convertido en zona residencial. Sin embargo, ninguna de ellas ha podido responder claramente si para realizar estas modificaciones era indispensable el concurso de un arquitecto, o si tenían indicios evidentes que estas modificaciones estuvieran previstas de antemano.

Aparecen dos alemanes
La pregunta sobre quien realizó la ampliación de la casa, si estas obras estaban previstas ya antes del año 2000 o si son posteriores, resultan básicas para dilucidar la posible responsabilidad del arquitecto, Josep Torres -acusado de un delito de ordenación sobre el territorio- y del aparejador municipal, Miguel Ángel Martín Miralles -acusado de un delito de falsedad documental por asegurar en su informe de final de obra que la casa cumplía escrupulosamente con la licencia de obra original-. Así, a instancias de la defensa de Josep Torres, han declarado tanto el socio del arquitecto como un perito y un carpintero que han asegurado que fueron dos alemanes -llamados Bern Steber i Günter Wagner- los responsables de la modificación de la casa, y no el arquitecto Torres.

El más claro ha sido el carpintero Manuel Fernández, quien en el año 2001 fue contratado para realizar los muebles del sótano que se reconvirtió en zona residencial: “Yo traté con esos dos alemanes. El señor Torres terminó su trabajo en el año 2000, lo que sucedió en adelante ya no fue cosa suya”. El aparejador Juan Andrés Roig también ha insistido que “los alemanes estaban a pie de obra”. Se hechó de menos la presencia de los dos citados alemanes para que pudieran dar su versión de los hechos.

Después de cuatro horas de testimonios, los representantes de todas las partes y los miembros del tribunal han acordado realizar la lectura de las conclusiones en una tercera sesión, que se celebrará en los juzgados de Palma de Mallorca el próximo día 22 de noviembre a las 12 horas. Será entonces cuando se de el visto para sentencia.