Marí Bosó denuncia que el ‘decretazo’ del Govern traerá «parálisis, burocracia y paro»

@C. V. / José Vicente Marí Bosó, diputado y presidente del Partido Popular de Eivissa, junto al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consell d’Eivissa, Mariano Juan Guasch, y los coordinadores insulares en materia de Turismo y de Ordenación del Territorio y Transportes, Carmen Ferrer y Mariano Juan Colomar, criticaron duramente el Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado por el Govern Balear que, en su opinión, supone «la inseguridad y arbitrariedad en tema de ordenación, a paralizar el sector turístico y a herir de muerte el sector agrario de las Pitiüses».

«Se trata de un decreto ley ómnibus que vale para seis o siete decretos ley, y que afecta a toda la actividad económica de nuestras islas y no se deja ninguna», aseguró el presidente de los populares, para quien se está volviendo a «las mismas políticas antiguas del incremento exagerado de los impuestos, descontrol del gasto público y moratorias que nos conducen a los mismos resultados del pasado: parálisis, burocracia, arbitrariedad y más paro», declaró Marí Bosó.

Según el presidente del Partido Popular de Eivissa, si «hoy estamos en tasas de crecimiento económico positivo y en niveles de paro pre-crisis, es gracias al esfuerzo de empresarios, trabajadores y sectores productivos, pero también gracias a las modificaciones normativas para la senda del crecimiento económico que emprendió el Partido Popular en la última legislatura».

«Nuestro modelo en materia turística y económica, pese a que siempre hay problemas, ha demostrado que funciona, mientras que el PSOE ha demostrado que no sabe qué es lo que quiere y se limita a traernos una moratoria que de lo que se trata es de parar todo durante casi tres años, hacer la siesta, patada adelante y que venga quien arregle los problemas», ha añadido el presidente popular.

Mariano Juan Guasch, por su parte, destacó que este decreto propone una modificación sin dar soluciones tanto de la ley del suelo como la ley agraria y que es necesario «llegar a un consenso».

«Nosotros, cuando empezó la legislatura, estuvimos cuatro o cinco meses intentando llegar a un pacto por el territorio, que finalmente por pocas cosas no pudo llevarse a término. Los ANEI (Áreas Naturales de Especial Interés), APR (Áreas de Prevención de Riesgo) y ARIB (Áreas Rurales de Interés Paisajístico) suponen prácticamente todo el territorio de Ibiza y habría que tener cuidado con estas cosas. Hay que llegar a un consenso para no cambiar las leyes cada cuatro años y no generar una inseguridad jurídica», comentó.

Mientras tanto, Mariano Juan Colomar, desde la perspectiva urbanística, comentó que este decreto ley supone dos cambios importantes: «En primer lugar, la legalización extraordinaria de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Es una realidad innegable que existen construcciones ilegales en el suelo rústico, pero es una realidad que hay que dar salida, algo que nosotros sí hacíamos facilitando que esas construcciones afloraran a la legalidad. En segundo lugar, también afecta a la recaudación de impuestos por parte de los ayuntamientos y estamos hablando de millones de euros por construcciones que no son legales y que supondrá un auténtico ‘sablazo’ a las arcas de los ayuntamientos».

Por último, la coordinadora insular del PP en materia de Turismo, Carmen Ferrer, consideró que las medidas del decreto «no protegen nada; al revés, sólo provocan paralización».

«Hablan de un impuesto que no se sabe para qué servirá como es la ecotasa y no se ha tomado ninguna medida para el verdadero problema que es la oferta ilegal y la llegada de turistas que no están en establecimientos legales. Supone, en definitiva, una parada en seco de la evolución positiva en el sector turístico», criticó.

‘Cas Patrimoni’

Por otra parte, Marí Bosó valoró la anulación de la sentencia absolutoria de Joan Marí ‘Botja’ y Antoni Arabí en el denominado ‘Cas Patrimoni’. «Mantengo la inocencia de Botja y Arabí en las actuaciones administrativas que tuvieron que hacer en su momento. Lo otro es el proceso judicial. La Audiencia Provincial dice que el caso debe volver otra vez al juzgado de primera instancia y a partir de aquí ya veremos. Pero los que estamos en la gestión pública sabemos que nos pueden cuestionar nuestras actuaciones muchas veces, pero lo que se cuestiona aquí tiene más que ver con tramitaciones administrativas que no en otras cosas. Hay que acatar las resoluciones judiciales, pero de momento tenemos confianza en la inocencia de ambos», señaló el presidente del PP de Eivissa.