María Serra Sala: «Sin notificación previa, vinieron 50 antidisturbios a expropiar el terreno de mi familia»

@Pablo Sierra del Sol / Medio centenar de antidisturbios aparecieron un día de marzo de ahora hace diez años en la finca es Puig, situada a unos kilómetros de Sant Antoni. Su cometido era desalojar a los propietarios del terreno para permitir la entrada de las máquinas pesadas que estaban construyendo el desdoblamiento de la carretera principal de Ibiza, la que une Vila con la localidad sanantoniense. María Serra Sala, hija y nieta de las propietarias de la finca, ha recordado los sucesos de aquel día en su intervención de este mediodía en la comisión parlamentaria que investiga si hubo irregularidades y corrupción en la construcción de aquellas carreteras.

La primera expropiada en hablar ante los diputados ha sido directa desde que ha tomado asiento. Según su testimonio, su familia no tenía conocimiento de que su finca iba a cambiar de manos aquel día. Literalmente, se enteraron cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron en la propiedad. «La única notificación oficial que nos ha llegado a casa», ha dicho Serra Sala, «en todos estos años ha sido la que informa del período de alegaciones, una vez que la finca ya había sido expropiada. También, claro, las denuncias que se le pusieron a varios miembros de mi familia por intentar detener el trabajo de las máquinas en las obras de la carretera. Tuvimos que enterarnos por la asociación de vecinos de que la carretera pasaría por nuestro terreno».

Miquel Jerez, representante del Partido Popular en la comisión, ha utilizado la implicación de los familiares de la compareciente en los disturbios registrados principalmente en 2006 a causa de las autovías como argumento para dudar de la veracidad del testimonio de la compareciente. «¿Sabe que esos actos de protesta le provocaron al Estado un sobrecoste de 10 millones de euros debido a las fuerzas del orden que tuvieron que desplazarse a Ibiza?», le ha preguntado Jerez a Serra Sala, que se ha defendido culpando al PP, al frente entonces del Govern y del Consell ibicenco, de «nula planificación», «precipitación» y «falta de consenso» a la hora de expropiar terrenos por la vía rápida.

El nombre de Abel Matutes no ha tardado en salir en el discurso de la expropiada, a raíz de las preguntas de los diputados de Podemos (Aitor Morrás), PSOE (Enric Casanova) y Més per Mallorca (David Abril). La finca de es Puig fue expropiada para asfaltar la variante de Can Tomàs, dejando como vía de servicio la recta por donde pasaba la carretera anterior. Según Serra Sala, esa curva corresponde a los intereses del empresario y ex ministro de Exteriores para dar acceso de forma directa a un agroturismo situado en las cercanías de la autovía.

«Antes el acceso se hacía por ses Païsses y no era tan glamuroso», ha explicado. La expropiada también ha rebatido el desinterés que, según dijo el propio Matutes cuando intervino ante la comisión el pasado viernes, mostró por unas obras en las que participaban varias empresas vinculadas a su figura. «Fíjense si le importaban tan poco las autovías que llamó a mi padre por teléfono para decirle que ‘la gordita’ de su hija ‘iba a pagar muy caro lo que estaba haciendo'». Serra Sala también ha dicho que su padre llegó a visitar a Matutes en la sede de su grupo empresarial y, allí, el ex político le mostró unos planos del proyecto.

Su hija, Stella Matutes, en aquel momento consellera insular de Obras Públicas, ha aparecido a su vez en el discurso de la afectada. Según Serra Sala, llegó a ofrecer a su familia «la posibilidad de construir una casa como contrapartida a la pérdida de la finca». Esa opción, una vez consultados los técnicos del Consell, se demostró inviable jurídicamente. «Stella Matutes fue quien nos aseguró por activa y por pasiva que no ocurriría nada con nuestros terrenos», ha ampliado Serra Sala. Pere Palau, presidente del Consell en aquel momento, y Pepe Sala, alcalde de Sant Antoni en aquella legislatura, también han aparecido en su relato. Según ha explicado, los dos cargos del PP se presentaron en la tienda de su padre con un folio en blanco y le dijeron: «Escribe aquí lo que quieras, que te lo daremos como compensación».

«Lo que queda claro», ha remachado Serra Sala, «es que el procedimiento de expropiación fue irregular. No se cumplieron los plazos ni se notificó debidamente». Hace tres semanas, ha dicho la expropiada, su familia recibió un ingreso en sus cuentas bancarias procedente del Govern balear sin que aún «hayan recibido alguna notificación oficial que lo justifique». En el caso de que se trate de una indeminización por las expropiaciones, su abuela no tendrá conocimiento. La mujer a la que comunicaron los antidisturbios que debía abandonar su propiedad un 21 de marzo de 2006 mientras regaba sus plantas falleció hace unos años. En la casa donde vivió sus últimos días se construía una piscina. El ruido de las máquinas le causaba pesadillas porque le recordaban a la maquinaria pesada que desbrozó los árboles frutales (limoneros, naranjos y almendros) que se alzaban en el terreno expropiado.