El Consell de Ibiza ha resuelto interponer una sanción de 20.000 euros a un ciudadano español por comercializar una vivienda turística ilegal en el casco urbano de la ciudad de Ibiza.
La vivienda, ubicada en la calle Emili Pou número 11, en el barrio de La Marina, se publicitaba turísticamente en una página dedicada a este tipo de alquiler con un precio de 450 euros la noche, con servicios como toallas, sábanas, TV, conexión Wifi, entre otros, y una tarifa adicional de 50 euros para la limpieza.
Además, el anfitrión también comercializaba esta vivienda e otro portal donde se anunciaba como ‘super huésped’ con un número de registro que no se corresponde a la solicitud de inscripción en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.
Cuando el servicio de inspección turística del Consell de Ibiza revisó esta vivienda, pudieron constatar que había dos personas alojadas que habían hecho una reserva a través de un portal comercializador para una estancia de once noches.
Se tramitó así el expediente sancionador por infracciones en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de la vivienda sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa, por un importe de 20.000 euros.
El anfitrión reconoció los hechos y la sanción quedó reducida en un 20%, bajando a los 16.000,80 euros.
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha insistido en que hay que ir más allá de las sanciones económicas y que el Govern de les Illes Balears «tiene que aceptar la propuesta del Consell de Ibiza de poder cerrar pisos turísticos ilegales cuando se denuncien: es la única manera de enviar un mensaje contundente a los infractores y evitar que esta problemática continúe”, ha destacado.
Juan ha recordando el protocolo con Airbnb para buscar infractores o la reforma de la ley turística «para elevar las sanciones por estos hechos, que ahora llegan a 40.000 euros, con calificación de ‘muy grave’”.
Los inspectores turísticos pueden ahora hacer reservas de incógnito y se ha conseguido que Airbnb identifique a los anfitriones de las viviendas anunciadas y comercializadas ilegalmente.
Los hoteleros de Ibiza aplauden mientras los vecinos de la Marina… Qué vecinos quedan en La Marina?
Por qué no hay multas para los hoteles por cerrar sus edificios, cuando hay tanta carencia de viviendas?
¿16.000€? 36 días= de risa. Con estas sanciones risorias, no vamos a solucionar nada. ¿Un piso? pocas denuncias hay entonces. Poca lucha contra el Intrusismo veo, les quedan las viviendas, las tiendas de campaña, las cuevas, las casitas de madera, los tipi, las caravanas…. y un largo etc. Todos ellos consumen agua, generan basuras, ensucian, contaminan, no pagan impuestos a costa de todos los ciudadanos de esta isla. Lo dicho, de risa.