Normalidad absoluta en los desalojos de Sa Penya

@D.V./ Muchos vecinos pensaban que este día no llegaría nunca, pero finalmente se ha producido. El proceso de desalojo de los residentes de la conflictiva UA-27 entre las calles Alt y Retir, y de las unidades UA2 y UA3 de la calle Vista Alegre, evoluciona favorablemente y, de momento, con total normalidad. Ayer lunes se firmaron los pagos y las actas de ocupación de ocho propietarios y hoy firmarán las de otros nueve propietarios. Se calcula que este proceso se alargará hasta el jueves y que, en total, se formalizará la expropiación de las 47 fincas registradas.

Dos de los propietarios que han firmado esta mañana son Valentí Campá y Joan Carles Torelló, dos catalanes que en el año 2005 adquirieron las viviendas de los números 16 y 22 de la calle Retir como inversión para alquilarlo a turistas. “Hemos perdido dinero. Hemos recuperado el precio de la compra, pero hemos perdido todo todo lo que invertimos para rehabilitar estas viviendas”, admiten.

A pesar de perder dinero, se sienten “aliviados” por haber liquidado este episodio: “En octubre de 2010 nos dijeron que la expropiación era inminente. Todo se ha retrasado demasiado”. En estos dos años y medio han visto como les ocupaban la casa y como su propiedad se degradaba, con lo que reciben la expropiación como un mal menor. No obstante, cuando visitan por última vez la que había sido su casa de la calle Retir 22, no pueden evitar cierta melancolía: “Este barrio tiene muchas posibilidades. Esta casa es preciosa y las vistas desde el tejado son de ensueño”.

Dos electricistas cortan la luz del inmueble mientras que el concejal de Urbanismo, Alejandro Marí, acompañado por el secretario, el tesorero y la interventora del Ayuntamiento, levantan acta del estado de la vivienda y realizan la notificación a los ocupas que, en este caso, se muestran receptivos para abandonar la vivienda.

Inquietud entre algunos vecinos
De momento, las notificaciones de expropiación se suceden dentro de la normalidad, aunque algunos vecinos -especialmente los que no tienen ningún documento que acredite su condición de propietario o arrendatario- ya han advertido que no les pondrán las cosas fáciles al Ayuntamiento.

“Yo llevo veinte años aquí. No tengo papeles, nunca los hemos tenido, pero es como si fuéramos de aquí de toda la vida” asegura Antonio Moreno, quien advierte que “no me marcharé de casa hasta que no me den una vivienda. Tengo cuatro hijos y no se quedarán en la calle. Si nos dan una casa, nos vamos. Si no nos dan nada, de aquí no me saca nadie”.

Anastasio García, vicepresidente de la Asociación Cultural Gitana, apoya sus palabras: “Aquí va haber follón porque la alcaldesa no ha hecho bien las cosas”, asegura. Afirma que llevan muchos años en el barrio aunque no tengan papeles y que, más que indemnizaciones, lo que quieren es que les den otra vivienda.

“Haremos todo lo posible para evitar un problema social”
El concejal de Urbanismo, Alejandro Marí, asegura que es «consciente de la situación». Él personalmente acompaña, casa por casa, cada levantamiento de las actas de expropiación y se encuentra, cara a cara, con todos los ocupas que deben ser desalojados. “Haremos todo lo posible para que no haya un problema social en Sa Penya”, asegura el concejal, quien repite que “las puertas de Servicios Sociales del Ayuntamiento están abiertas a todo el mundo”.

Asegura que se están encontrando de todo: “Muchas viviendas ya están vacías, hay ocupas que lo entienden y que se acogen a las ayudas que les ofrecemos. Cuando se cierran en banda, entonces deberá ser el juez el que decrete la orden de desalojo».

Según el concejal, a cinco familias que tienen títulos de propiedad se les ha ofrecido una Vivienda de Protección Oficial en Can Cantó pero que sólo una de ellas ha aceptado, y que a las familias que están de alquiler se les paga una ayuda al alquiler de 6.900 euros. Respecto a las indemnizaciones, recuerda que el justiprecio fue calculado por los técnicos y aprobado por la CIOTHUPA, y ha calculado que las expropiaciones costarán un total de 1’9 millones de euros a las arcas municipales.

Se calcula que esta fase de las expropiaciones finalizará el jueves por la tarde. Si para entonces todavía hay vecinos que se nieguen a abandonar su vivienda, deberá ser el juez quien ordene su desalojo.