La degradación institucional que vive el país, de la mano del Gobierno de PSOE y Sumar, que debería impedirse, está llegando a niveles insoportables y nunca vistos.
Gracias a los medios de comunicación independientes, estamos viendo con nuestros propios ojos cómo el ministro de Justicia, nada menos, se permite juzgar públicamente un auto de un magistrado del Tribunal Supremo donde cita como investigado al fiscal general del Estado.
No se había visto jamás nada parecido: ni la imputación al máximo responsable de la Fiscalía ni en lo referente a los ataques sistemáticos del Gobierno a los jueces que, haciendo uso de su potestad jurisdiccional e independencia, actúan como consideran que es su deber y no plegándose a la voluntad del Ejecutivo.
Recuerden que hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una querella contra el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por delitos de corrupción. Fracasó porque ni siquiera fue admitida a trámite.
Ahora vemos cómo van con todo a por el magistrado que investiga a Álvaro García Ortiz, sospechoso de ordenar la filtración de información personal del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la enemiga acérrima número uno de todo el PSOE y de sus terminales mediáticas desde hace años, lo que no impide que gane elecciones de forma arrolladora.
Si a todo lo anterior sumamos el escándalo de la contratación por parte de la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, en lo que es un ejemplo paradigmático de corrupción, al utilizar los recursos públicos y las instituciones que controlan los socialistas para colocar a un pariente sin la menor necesidad ni utilidad pública, como se comprueba en las sucesivas declaraciones judiciales de todos los responsables del asalto, entonces sólo cabe concluir que estamos ante un Gobierno corrupto hasta la médula, más parecido a una banda criminal que a un Ejecutivo democrático.
Ni tienen palabra, ni tienen principios, ni tienen otro objetivo que no sea aferrarse al poder a toda costa, sea como sea, incluso mediante el delito si es preciso. No se recuerda nada similar en España.
Joan Miquel Perpinyà