@Noudiari / Un total de 62 propietarios que forman parte de la junta de compensación de Cas Mut, Polígono 32 de la ciudad de Ibiza, han presentado un recurso de reposición contra la paralización de licencias en esta zona durante un año que aprobó el Consistorio en el mes de noviembre. Una paralización que, dicen, es «nula de pleno de derecho».
Si el Consistorio no da marcha atrás y el recurso prospera por la vía judicial, el Ayuntamiento de Ibiza tendría que abonar «cantidades millonarias», al ser tantos los afectados. Los representantes de los propietarios están precisamente ahora valorando cuáles serán estas cantidades que, en todo caso, «serán millonarias».
En el recurso de reposición, los propietarios apuntan no solo que se trata de un suelo urbano y ya urbanizado, sino que esta moratoria arrastra diferentes defectos en la tramitación y por eso consideran que es «completamente nula», con lo que, si el pleno del Ayuntamiento vota en contra del recurso que han interpuesto, los afectados emprenderán medidas judiciales.
Se ha llegado a esta situación por varios motivos: El PGOU de 2015 fue anulado por defectos de forma y ya se ha agotado el plazo para aprobar el nuevo PGOU de Vila, con lo que la moratoria provisional que afectaba a todo el municipio ya no está en vigor, y el PGOU que ‘vuelve’ a estar vigente es el de 1987, que contempla poder edificar hasta tres alturas.
Los propietarios de Cas Mut aseguran que se comprometieron a no construir rigiéndose por los parámentros del PGOU de 1987 y, sin embargo, subrayan que Vila ha suspendido las licencias por la sospecha de que sí lo harían, algo que «carece de fundamento», a su juicio.
«Los perjuicios que la suspensión puede ocasionar a la Junta que represento no se contraen a la demora que puede ocasionar la suspensión del otorgamiento de licencias durante un año, cuya indemnización sin duda resulta fácil para la Administración», indica el abogado de la propieda.
«Ahora bien -añade- los perjuicios que la suspensión decretada irroga a los propietarios y a la Junta son mucho mayores y, sin duda, más difíciles de reparar y aún irreparables paraalguno de los propietarios».
«En efecto, la demora de un año puede suponer la pérdida o, en todo caso, elempeoramiento de la situación económico-financiera de estos propietarios, los más endeudados o con una situación económica más débil, así como una posible resolución de las ventas o compromisos de venta concertados de las parcelas o de ésta con la correspondiente construcción o licencia, o un aumento de la los tributos que gravan su concertación o las facilidades para concertar préstamos hipotecarios», indica el recurso.
«Por lo que respecta a la urbanización la situación descrita puede ocasionar elabandono, forzado, de la misma, con los consecuentes problemas en cuanto a surecepción», añaden.
Por estos motivos y otros detalles del recurso, los afectados solicitan al pleno «que acuerde la adopción de la medida cautelar solicitada consistente en la suspensión de la ejecutividad del Acuerdo de Pleno de 12 de noviembre de 2019».
