EFE / El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado a 9 años de prisión tanto al exjuez Manuel Penalva como al exfiscal Miguel Ángel Subirán, instructores del caso Cursach, por obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir un delito de revelación de secretos.
En cuanto a los cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo procesados, los magistrados de la Sala Civil y Penal del alto tribunal balear han condenado a 3 años y 10 meses de cárcel a Miguel Ángel Blanco, a 1 año y dos meses a Blanca Ruiz y a 2 años y 4 meses a Iván Bandera, mientras que José Luis García ha quedado absuelto.
La Fiscalía solicitaba penas de 118 años de prisión para Penalva y 121 años para Subirán, jubilados ambos de la carrera judicial por incapacidad, y pedía condenas para los policías que sumaban 340 años de reclusión.
El exjuez, el exfiscal y los cuatro agentes juzgados fueron los principales responsables de la instrucción del caso de presunta corrupción en torno al empresario del ocio nocturno de Mallorca Bartolomé Cursach, en el transcurso del cual fueron detenidos y enviados a prisión preventiva el propio Cursach, su entorno, policías, políticos y sus familiares. Todos ellos fueron finalmente absueltos.
Las condenas de cárcel impuestas a Subirán, Penalva y los policías, que suponen el 4 % de lo que pedía la acusación pública, excluyen los delitos de detención ilegal que se les atribuían por el arresto de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, un empresario y dos exconcejales del consistorio.
Aunque considera que se detuvo a personas inocentes, el tribunal sentencia que cuando se practicaron esos arrestos había sospechas justificadas de que el concurso para adjudicar la gestión de los aparcamientos en superficie en la capital balear (ORA) pudo haber sido amañado.
Sí entienden los magistrados que Penalva y Subirán ordenaron la detención de los padres y el hermano del político del PP Álvaro Gijón para presionarle y tratar de que confesara que había participado en el supuesto amaño de ese concurso, aunque sentencian que esos hechos no se ajustan al tipo delictivo de detención ilegal del que se les acusa.
El exjuez y el exfiscal son condenados por tres delitos de obstrucción a la justicia por presionar mientras estuvieron detenidos o en prisión preventiva a dos funcionarios municipales y al empresario ligado al concurso de los aparcamientos, por coaccionar a Álvaro Gijón y por no perseguir la filtración a los medios de comunicación de actuaciones reservadas o secretas en la instrucción de la que eran responsables.
Según el resumen de la sentencia facilitado por el Tribunal Superior de Baleares, el tiempo efectivo de cumplimiento de la condena de Penalva y Subirán no podrá superar los 7,5 años de cárcel, el triple de la pena mayor (2,5 años por cada delito de obstrucción a la justicia).
El subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, el agente Iván Bandera y a la inspectora Blanca Ruiz son condenados por obstrucción a la justicia por presionar al empresario detenido y a su mujer, y a Blanco y a Bandera se le atribuyen también coacciones a Álvaro Gijón.
En sus casos se establece como pena accesoria la inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo de funcionario de policía, y los agentes, junto con el exjuez y el exfiscal, deberán indemnizar de forma solidaria a Álvaro Gijón con 6.500 euros por daños morales.
La sentencia puede recurrirse en casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo.
