@David Ventura/ Pocos ciudadanos saben, por ejemplo, que el presupuesto del año 2011 del Govern balear destinaba a Educación un total de 720 euros por persona, un 11% por debajo de la media estatal, mientras que en Sanidad la inversión era de 1056 euros por persona, un 12% por debajo de la media. Muy lejos, por ejemplo, de Navarra, que destinó 1063 por habitantes a la Educación y 1527 euros a la Sanidad.
Son datos útiles y que nos sirven para comprobar cuales son las prioridades de los señores que nos gobiernes. Unos datos que, además, son muy fáciles de encontrar: se pueden consultar cómodamente en la web Donde Van Mis Impuestos, una página creada por Civio, una organización sin ánimo de lucro que también ha impulsado otros instrumentos – Tu Derecho a Saber, El Indultómetro- creados para que la ciudadanía fiscalice la acción de sus representantes.
Tras esta iniciativa encontramos, también, el aliento, el espíritu que emergió a la superficie a partir del movimiento 15-M. Es decir: una nueva forma de entender la democracia que va más allá del acatamiento acrítico del discurso dominante y que pretende que la ciudadanía esté informada, sea crítica y participe activamente en la política y en la construcción de la sociedad civil.
Para hablar de Civio y de sus iniciativa, hemos conversado con su cofundador y director, David Cabo, un ingeniero superior en Informática y licenciado en Psicología. Durante un viaje entre Madrid y Chile, Cabo ha encontrado un momento para responder a nuestras preguntas.
–Explicado de forma rápida. ¿Que es Civio?
–Civio es una organización sin ánimo de lucro, una fundación ciudadana que desde febrero de 2012 desarrolla proyectos web destinados a fomentar la transparencia, el acceso a la información y, en última instancia, una ciudadanía más participativa.
–La transparencia es uno de vuestros caballos de batalla. España es el único país de la Unión Europa con más de un millón de habitantes que no dispone de una Ley de Transparencia y es una promesa que se arrastra desde el año 2004 pero que todavía está pendiente. ¿Por qué los políticos españoles se resisten tanto a aprobar esta Ley? ¿Por qué este miedo?
-Así es. En otros países se concibe la transparencia como un síntoma saludable de cultura democrática. Por el contrario, creemos que en España nadie ha apostado seriamente por ella debido al miedo que provoca la responsabilidad pública y personal ante una mayor rendición de cuentas, así como por cierta forma de minusvalorar a los ciudadanos. Hasta hace nada eran muchos los políticos que pensaban que “eso no le interesa a nadie”. Estamos comprobando que eso dista mucho de ser verdad.
Malas prácticas heredadas del franquismo
–¿Cuales son las principales zonas de sombra de la administración española?
-Las administraciones sitúan toda una serie de restricciones entre ellas y los ciudadanos: recurrir al silencio administrativo negativo para no contestar a una pregunta, no facilitar los datos que justifican unas políticas u otras, dar a conocer el gasto presupuestado pero nunca el gasto ejecutado, etc. Estas decisiones explican la falta de confianza en ellas y juegan un papel importarte en su actual deterioro.
-¿Qué datos debería conocer un español y que a día de hoy se le escamotea? ¿Qué datos conoce, por ejemplo, un ciudadano británico de su gobierno que un español no puede saber del suyo?
-En Reino Unido, por ejemplo, cualquiera puede consultar las agendas de reuniones de altos cargos públicos con grupos de interés –lobbies- o con otros representantes políticos o empresariales, sus viajes y sus gastos desglosados. En España, sabemos ahora que Rajoy ha mantenido recientemente reuniones secretas con Mas y con Urkullu estas semanas sobre, imaginamos, el estado autonómico y los presupuestos. Son asuntos de interés público llevados a cabo con enorme secretismo y desconfianza.
-Supongo que tan importante como una Ley de Transparencia, lo es también su aplicación. Existe el riesgo que suceda como en el Tribunal de Cuentas: se creó para controlar las cuentas los partidos políticos, pero los que conforman este Tribunal también son miembros de los mismos partidos políticos que deben ser investigados. ¿Tiene miedo que PP y PSOE autorregulen la aplicación de la Ley de Transparencia y dejen esta iniciativa en nada?
-Sí, nos tememos así suceda. El actual proyecto de ley tiene gravísimas deficiencias, destacando entre ellas que no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental (igual de protegido que el derecho a la privacidad), no cuenta con un órgano supervisor independiente, no incluye por igual a todas las instituciones públicas, persiste en admitir el silencio administrativa negativo como respuesta y su definición de información no incluye borradores, notas, resúmenes y documentos internos que generan las administraciones.
-¿Considera que este déficit democrático, que estos malos tics que detectamos en los políticos son extensibles también al conjunto de la sociedad española? ¿Tenemos demasiados tics heredados del franquismo?
-En muchos aspectos los políticos sí nos representan, y son una muestra de deficiencias culturales de base, en temas como la falta de transparencia por ejemplo. Pero no debemos caer en una visión culturalista y determinista en la que nada tiene arreglo porque “es nuestra naturaleza”: con los mecanismos de supervisión y control adecuados, con los incentivos correctos, con transparencia y mejoras institucionales, es posible cambiar comportamientos. Lo hemos visto en otros temas, como los accidentes de tráfico o el tabaco: hay cambios legislativos que consiguen cambiar conductas tradicionalmente aceptadas.
Ciudadanos con derecho a saber
–Detengámonos en “Tu derecho a saber”. ¿La gente tiene interiorizado este derecho? ¿En qué se traduce una sociedad con una ciudadanía informada?
-No, no lo tenemos suficientemente asumido. Nos fijamos en países de nuestro entorno donde ha calado el hábito de preguntar a las administraciones, por poner un caso, qué restaurantes, hospitales o residencias de ancianos han sido denunciadas por deficiencias de salubridad y control. Se trata de información que podría traducirse en la toma de mejores decisiones de la vida diaria.
-¿Cómo funciona exactamente “Tu derecho a saber”? ¿Cuantas preguntas habéis registrado? ¿Cuales han sido las preguntas más habituales que han realizado los usuarios?
–Tuderechoasaber.es es una web que facilita a cualquiera el envío de peticiones de información a las administraciones públicas. Es tan sencillo como enviar un email y tanto las preguntas como las respuestas, si se producen, se hacen públicas para todo el mundo. Desde el 20 de marzo del año pasado hemos registrado 915 solicitudes. ¿Las más habituales? Sobre sueldos de altos cargos, subvenciones, repartos del gasto público,… muy atadas a la actualidad, a la económica y a los casos de corrupción.
-¿Cuál ha sido la respuesta que habéis obtenido de las administraciones?¿Qué cuestiones, sistemáticamente, no han obtenido ninguna respuesta?
-El 54% de las preguntas realizadas en 2012 no obtuvo ninguna respuesta, y sólo el 13% recibió la información solicitada. En el caso de entidades locales, como ayuntamientos, el silencio se eleva hasta el 70%. La mayoría de los partidos se niega a responder sistemáticamente. Su financiación, criterios para nombramientos, acceso a subvenciones y otros temas siguen siendo un misterio.
La Justicia secreta y paralela del Poder
-Otra de vuestras iniciativas es el “Indultómetro”. Hasta ahora, había una opacidad total sobre los indultos que concedía el gobierno a propuesta del ministro de Justicia. ¿Por qué decidísteis que era importante saber a quién se indulta?
-A pesar de que existen casos escandalosos como el del banquero Sáenz, no importa tanto el quién sino el cómo y el porqué. Creamos Elindultómetro.es porque intuíamos que los indultos no son una medida tan excepcional como dice su propia definición y porque suponen una intromisión discrecional de los gobiernos sobre el poder judicial.
-¿Hay un abuso de los indultos? ¿Existe una justicia paralela?
-En cierta medida, sí existe un abuso. Parémonos a pensar en que actualmente se permite al poder ejecutivo tomar decisiones de tipo judicial que se saldan en 600 indultos anuales -1’6 indultos por día- sin que nadie tenga que explicar los motivos que llevan a conceder o denegar esta prerrogativa. Y que para conocer realmente estos datos tenemos que crear herramientas informáticas capaces de extraer esta información automáticamente del BOE.
–Hablemos de “¿Dónde van mis impuestos?”. Habéis recopilado presupuestos generales del estado y de comunidades autónomas, y ahora estáis intentando hacer lo mismo con los municipios. ¿Hasta en qué detalle podemos conocer estos datos? ¿No es una empresa desbordante?
-Ahora mismo sí es una misión imposible porque la gran mayoría de las administraciones públicas no ofrecen sus datos en un formato reutilizable. Vamos poco a poco: de momento hay comunidades como Euskadi o Aragón que ya han hecho un esfuerzo para publicar los datos presupuestarios, y nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea. Sanidad y Educación son dos de los temas más importantes para los ciudadanos, y son competencia de las CCAA, así que no basta con mostrar los Presupuestos Generales del Estado.
Además, los presupuestos son sólo un primer paso: es tan o más importante conocer la ejecución real del presupuesto a final de año (algo que se conoce tarde y con poco detalle), y en última instancia los contratos y las facturas asociados a cada partida presupuestaria, algo que está disponible en otros países.
-¿Es de los que piensa que los ciudadanos deberíamos leernos el BOE? Para el 99’9% de la población a los que se nos atraganta un texto tan árido… ¿por qué es tan importante lo que ahí encontramos?
-El BOE es la única fuente fiable que existe para conocer el verdadero alcance de las decisiones políticas, sin promesas ni interpretaciones interesadas. Del refrán de “del dicho al hecho…”, el BOE es el “hecho”. La periodista Eva Belmonte, nuestra responsable de proyectos, desgrana cada día el boletín oficial y explica las novedades y su contexto en su blog El Boe Nuestro de cada día.
–Además de votar cada cuatro años… ¿qué debemos hacer para mejorar la calidad de la democracia? ¿Cual sería su ideal de “ciudadanía participativa”?
-El primer paso sería conocer mejor los actuales mecanismos de participación y de toma de decisiones. Nuestro ideal de ciudadanía participativa comienza con una sociedad mejor informada, más capaz, responsable y más consciente del papel activo que debería jugar. Los proyectos que vamos a desarrollar este año irán en esa línea.
