La Policía Nacional en Ibiza, a través de su Grupo de Seguridad Privada, tuvo conocimiento de un hecho que sucedió en el mes de junio en un domicilio, donde un individuo accedió al jardín de la vivienda y amenazó a un auxiliar de servicio que se encontraba en lugar ejerciendo funciones de seguridad, para, poco después huir del lugar a la carrera.
Los agentes del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional, al objeto de comprobar la idoneidad de la prestación del servicio de seguridad privada prestado en la villa, iniciaron los trámites pertinentes.
Tras la investigación se ha constatado que en la citada villa concurrían dos servicios de seguridad perfectamente definidos, uno prestado por una empresa de auxiliares no autorizada a prestar este tipo de servicios, utilizando para ello personal no habilitado como vigilantes de seguridad, y otro ejercido por personal habilitado como personal de seguridad privada que realizaban sus funciones por su propia cuenta, sin estar integrados en alguna empresa de seguridad privada.
Por estas infracciones se realizaron cinco propuestas de sanción en materia de seguridad privada, tipificadas las tres primeras como muy graves, correspondiéndole a la empresa una multa de 30.001 a 600.00 euros, dos al personal que utilizaba y que no estaban habilitados como vigilantes de seguridad, con una multa de 6.001 a 30.000 euros, y dos infracciones graves al personal que estando habilitado, no ejercía sus funciones integrados en empresas de seguridad privada autorizadas, con una multa de 3.001 a 20.000 euros.
Cabe destacar que la contratación de esta tipo de servicios de seguridad en villas, debe de ser prestado siempre por personal habilitado y a través de empresas de seguridad privada autorizadas, de lo contrario también podrían conllevar sanciones a los usuarios por infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada, con multas que van desde 20.001 a 100.00 euros.
En este sentido se alerta a los usuarios de que la contratación de este tipo de servicios irregulares, conlleva que ante intrusiones en viviendas puedan quedar desprotegidos ya que este tipo de personal al tener conocimiento de encontrarse en una situación irregular, es frecuente que abandonen el lugar, a diferencia de la contratación que se realiza a través de un empresa de seguridad privada, que ofrece garantías y seguridad jurídica.
