El grupo ecologista GOB ha criticado este sábado que el Govern que preside Marga Prohens permite construir viviendas en zonas de riesgo de inundación y que se alquilen a turistas y ha asegurado que «la catástrofe de Valencia eran muertos evitables».
La entidad ecologista ha acusado al Govern en un comunicado de «negar la evidencia del cambio climático» y critica que, mientras debería estar legislando para retirar infraestructuras en zonas de riesgo por inundaciones, erosión o incendio, «ha impulsado una amnistía en casas ilegales en zonas de riesgo y permite nuevas construcciones poniendo los intereses especulativos por encima de las vidas».
Tras la tragedia de Valencia, exige al Govern balear «un giro radical» en sus políticas ambientales, territoriales y turísticas, para que «estén a la altura del reto climático», empezando por rectificar la ley de simplificación administrativa para evitar más construcciones en zonas de riesgo.
Después de que el Govern emitiera este viernes alertas por la dana, pidiendo a los ciudadanos que evitaran transitar en zonas con riesgo de inundación y «con la tragedia de Valencia todavía latente», el GOB señala la paradoja de que haya impulsado un decreto ley para «amnistiar casas realizadas de forma ilegal y además, permitir nuevas construcciones».
Detallan que el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa que está en tramitación parlamentaria validará el decreto que describen como una «barra libre que amnistía casas en suelo rústico, muchas de ellas situadas en zonas de riesgo por desprendimiento, incendio o inundación» y posibilita la construcción de nuevas viviendas en ellas.
El GOB considera esta ley «una irresponsabilidad y negligencia mayúscula por la que deberían exigirse responsabilidades políticas porque agravará las consecuencias más nefastas de los episodios climáticos extremos».
Según los ecologistas, la ley supone negar, «como lo han hecho sus homólogos del gobierno valenciano, la evidencia de la crisis climática, y exponer a la sociedad a sus peores consecuencias».
Advierten de que localidades como Campos y Sóller, y zonas como el puerto de Sóller y Santa Ponça «corren un gran peligro», según la previsión a diez años vista del Plan de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Baleares. «En la próxima década, con una DANA de dimensiones similares a la de Valencia, un tercio del municipio de Campos quedaría tragado por el agua», alertan.
Dado que las catástrofes climáticas son la «nueva normalidad», el GOB reclama una planificación urbanística y territorial en Baleares que prevenga y minimice sus consecuencias, porque ocurrirán «cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad».
«Pese a su evidencia, el Govern de Marga Prohens nos lleva al abismo, liberando suelo y usos, poniendo una alfombra roja a la amnistía de casas ilegales en suelo rústico y dando luz verde a la posibilidad de construir en zonas de riesgo», concluye.
El GOB asegura que catástrofes recientes en Baleares no han servido para rectificar y recuerda que en 1989, tres trabajadores de un hotel de Portocolom murieron ahogados en el aparcamiento subterráneo pero «el establecimiento sigue hoy activo, construido justo en el curso del torrente».
El GOB responsabiliza de la situación a todos los grupos políticos porque el Gobierno central se negó en agosto a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de Prohens, lo que habría supuesto la suspensión inmediata de «esta medida suicida».
Señalan que, una vez se apruebe en el Parlament, los diputados del Congreso tendrán otra oportunidad para recurrir ante el Tribunal Constitucional y apela al PSOE, Sumar y Podemos para frenar la ley. «Los partidos aquí, PSIB, Més y Podemos se comprometieron públicamente; es su responsabilidad», concluye.
EFE
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