EFE / El Gobierno ha aprobado este martes una moratoria tributaria de un mes para 3,4 millones de autónomos y pymes con el objetivo de mitigar los efectos de la epidemia de coronavirus, una medida reclamada desde hace semanas desde estos colectivos.
Sin embargo, las asociaciones de pymes y autónomos han lamentado que el aplazamiento llegue con retraso y no vaya acompañado de otras medidas, como una moratoria más larga o la flexibilización del acceso a prestaciones.
La medida, aprobada en un real decreto-ley este martes, ampliará el plazo para la presentación y pago de impuestos de todos los autónomos y pymes que facturan hasta 600.000 euros al año, el 95 % de los que tienen que presentar declaraciones en abril.
En concreto, el 20 de abril vence el plazo para liquidar el IVA del primer trimestre y presentar los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades, una fecha que ahora se demora hasta el 20 de mayo. De la misma manera, los plazos de domiciliación se retrasan del 15 de abril al 15 de mayo.
En cualquier caso, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo, incluidos los correspondientes a declaraciones presentadas antes del 15 de abril.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que esta medida facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los pequeños empresarios y equivaldrá a una inyección de liquidez de 3.558 millones de euros para estos colectivos.
También dará mayor margen a gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para que sus clientes cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que había presentado dificultades por la situación de emergencia sanitaria.
Aplazamiento de deuda
Junto a esta medida, Montero ha añadido que «en breve» se aprobará la posibilidad de que los autónomos puedan pasar temporalmente de la tributación por módulos al régimen de estimación directa, lo que acercará su presión fiscal a los ingresos reales en un momento de caída del negocio.
Asimismo, la ministra ha subrayado que desde que comenzó la crisis del coronavirus el Gobierno ha adoptado varias medidas para paliar sus efectos sobre los autónomos, entre las que figura la posibilidad de aplazar deudas tributarias de hasta 30.000 euros durante seis meses.
Los autónomos especialmente afectados por el confinamiento tienen la posibilidad de cobrar una prestación por cese de actividad, algo que ya han solicitado 941.000 trabajadores por cuenta propia. Casi 780.000 de estas solicitudes ya han sido aprobadas, por lo que serán abonadas el próximo viernes.
Además, 396.614 autónomos y empresas han quedado exonerados del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor.
Tras el anuncio, la patronal de las pymes Cepyme ha asegurado que las pequeñas empresas necesitan aplazar los impuestos «como mínimo» hasta julio porque el 20 de mayo la situación podría ser aún difícil.
Asimismo, ha lamentado que la medida «deja fuera» a muchas medianas empresas que actualmente no tienen ingresos por el confinamiento pero soportan «todos los gastos».
Llega tarde
La asociación de autónomos ATA ha dado la «bienvenida» a la moratoria, aunque ha lamentado que «llegue tarde», ya que el plazo para domiciliar los impuestos termina el 15 de abril, que será cuando se publique la norma.
Su presidente, Lorenzo Amor, ha planteado la posibilidad de que algunos sectores continúen confinados el 20 de mayo y ha pedido eliminar el pago de la cuota de autónomos de abril.
El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado que no se conforma con esta medida y ha reclamado facilidad en los alquileres y rebajar del 75 % al 50 % el umbral de pérdida de ingresos para poder acogerse al cese de actividad.
La asociación Uatae, por su parte, ha valorado el aplazamientos aunque ha considerado que debería haberse aprobado antes porque «el Gobierno no puede ir por detrás por simple burocracia».
