EFE / Redacción / El Gobierno ha aprobado este martes destinar 124 millones de euros a subvencionar el transporte público terrestre en Canarias, con 81 millones, y Baleares, con 43 millones.
Se trata de dos subvenciones para el descuento del 100 % del precio de los abonos y títulos multiviaje en ambas comunidades insulares, como ha informado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Estas subvenciones se corresponden con el paquete de ayudas que el ejecutivo central aprobó el pasado mes de diciembre y prorrogó en junio para promover una rebaja de al menos el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante 2023.
El Real Decreto de diciembre de 2022 que incluyó estas ayudas ya recogió las particularidades que se aplicarían en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo es gratuito para los viajeros habituales en 2023.
Como explicó el Gobierno entonces, el objetivo de la iniciativa era contribuir a aliviar el bolsillo de la ciudadanía ante el elevado precio de la energía, que tiene afección también en la movilidad cotidiana, e incentivar el uso del transporte público colectivo.
El PSOE insta al Govern a garantizar la gratuidad «más allá del 31 de diciembre»
Tras la aprobación de dicha partida, el PSOE ha pedido al Govern balear que «se ponga a trabajar» para garantizar el transporte público gratuito en la comunidad «más allá del 31 de diciembre».
Según ha informado la formación en una nota, el diputado socialista en el Congreso Pepe Mercadal ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «dejen de hacer oposición al Gobierno de España con falsedades y se pongan a trabajar para garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público y mejorar su oferta para la ciudadanía».
Mercadal ha destacado el impacto positivo que está teniendo esta medida en la comunidad, debido a que supone «un incremento de usuarios en el transporte público, elimina un gasto a la ciudadanía de nuestras islas y favorece el camino hacia una mayor sostenibilidad y una transición hacia el transporte público».
El diputado socialista ha incidido en que se trata de un «compromiso cumplido a pesar de las críticas del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y de la consellera de Movilidad, Marta Vidal, quienes aseguraban que el Gobierno de España no pagaría la gratuidad del transporte público».
Cabe recordar que esta medida se enmarca en el escudo social impulsado por los gobiernos socialistas para paliar los efectos de la guerra de Rusia de Ucrania sobre los precios y los bolsillos de las familias. En este sentido, Mercadal ha defendido que «en las últimas semanas, y coincidiendo con la vuelta a la escuela, estamos viendo cómo los precios están repuntando a la vez que también lo hacen los carburantes».