@Noudiari/ El grupo municipal del Partido Popular de Sant Antoni ha presentado alegaciones a la ordenanzafiscal de la tasa de recogida de basura e utilización del vertedero. En este sentido, desde el PP muestran su rechazo a que se repercuta la subida del servicio de basura en las viviendas particulares, «que pasarán de pagar 35 euros a 80 euros por vivienda, al imponerles de nuevo la tasa de recogida de la que estaban exentos, lo que supone un incremento de casi el 80%», indican en el escrito presentado ante el Consistorio.
Desde el PP consideran que sería preferible que el incremento del coste del servicio debería incidir «principalmente» en los establecimientos comerciales e industriales y «en el caso de que no haya más opción que imponerlas de nuevo en las viviendas, se haga de forma progresiva a lo largo de varios años y no imponiendo un aumento tan importante de una sola vez».
En segundo lugar recuerdan que en la antigua ordenanza se especificaban una serie de zonas en las que se paga más aquellos que generen más residuos. «Con la nueva ordenanza se suprimen dichas zonas, pasando a pagar lo mismo en todo el núcleo urbano así como en las parroquias, lo que nos parece un agravio comparativo para aquellos que no tienen tanta generación de residuos», apuntan. En este sentido, precisan que en algunos casos se dan «aumentos injustificados y en otros disminuciones considerables» al haberse unificado la tasa a la baja. En este punto abogan por mantener la zonificación que se reflejaba en la antigua ordenanza, «con aplicación de los incrementos que se deriven del aumento del canon».
Tasa sobre los amarres
En un tercer punto, el grupo municipal popular hace referencia a la tasa que se aplicará sobre los amarres. «Dicha tasa se debería repercutir sobre el ente gestor de dichos amarres, bien sea el Club Náutico o Puertos de la Comunidad, ya que a las dudas sobre la facultad legal del ayuntamiento para imponerla, se añade la dificultad de la práctica de hacerla, al desconocer las relaciones de los amarristas con dichos gestores, carecer de padrones y desconocer otras circunstancias esenciales para la imposición, tales como la titularidad y periodicidad del amarre, rotación de barcos por amarre cuando se trata de transeúntes, sujeto pasivo en estos casos, etc… para poder así cobrar la tasa adecuadamente». Por ello insisten en que el sujeto pasivo de esta nueva tasa deberían ser las entidades gestoras y que fueran estas las que repercutieran o no en los amarristas.
Por útlimo, desde el PP precisan que en el artículo 8, en el apartado 13, que hace referencia al hecho de penalizar a aquellas bodegas cuya actividad mayoritaria sea la venta de alcohol, el porcentaje de bebidas alcohólicas «no puede ser arbitrario ya que ese porcentaje es un elemento valorativo que debemos cuantificar en una medida u otra».