El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, planteó ayer que el Gobierno del Estado asuma de forma subsidiaria el derecho de tanteo y retracto (adquisición preferente), así como la expropiación del uso de las viviendas de grandes propietarios que han estado vacías durante más de dos años.
«Ante la total inacción del Govern de les Ille Balears a la hora de ejercer sus competencias», según acusa el senador, Ferrer pidió ayer en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado que el Estado actúe. “No estamos pidiendo recentralizar competencias, pero hay que ser contundentes, valientes y decisivos para hacer frente al problema de la vivienda”, afirmó el senador.
Ferrer recordó que, según los datos del INE, en Ibiza y Formentera hay unos 18.000 pisos vacíos. “Quienes tienen las viviendas vacías es porque son grandes propietarios o porque no necesitan esos ingresos”, dijo. Asimismo, recordó que en la anterior legislatura progresista, el Govern balear ya compró pisos ejerciendo el derecho de compra preferente, una medida prevista en la Ley de Vivienda de Baleares.
El senador destacó el «total fracaso de las políticas de vivienda del PP en Baleares». Su propuesta “estrella” del llamado “alquiler seguro” solo ha conseguido que los propietarios de 41 pisos en Ibiza soliciten formar parte de ella, y además sin ningún límite de precio, sino al coste decidido por los arrendadores. “La propia Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera denuncia que los propietarios exigen garantías y precios excesivos. Hace unas semanas imploraban que, por favor, los propietarios redujeran los precios porque no podían contar con trabajadores que se trasladaran a las islas. Antes pagaban 1.200 euros por las viviendas para sus empleados. Hoy ese precio ha subido a unos 2.600 euros mensuales. Es inasumible y no se está poniendo freno”, afirmó Juanjo Ferrer.
Ferrer volvió a insistir en la necesidad de limitar los precios de la vivienda, «una demanda que en Ibiza han hecho de forma unánime las entidades sociales como Cáritas, los sindicatos, las patronales y todos los partidos políticos, excepto PP y Vox», remarca el senador.