Desde enviar cajas llenas de arena en lugar de guantes hasta vender material sanitario caducado o falsificado. El coronavirus no ha frenado la picaresca de aquellos que han querido hacer su agosto con la pandemia y lucrarse con un material que nos es ya imprescindible.
Quizá algunos lo hayan conseguido, pero a otros muchos las fuerzas de seguridad les ha frustrado su deseo de hacerse ricos a costa de un virus que desde principios de 2020, o tal vez antes, no ha dejado de acecharnos.
Han sido muchos los golpes policiales que en estos dos años se han asestado a esta actividad ilícita que tiene un nombre y un castigo en el Código Penal: estafa. O delito contra los intereses de los consumidores.
Aun así, muchos han seguido intentándolo. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, cuando aprovechando el récord de incidencia de contagios de la sexta ola de la pandemia, los «malos» han intentado «colar» en el circuito legal test de antígenos que no reunían las condiciones sanitarias exigidas.
Primeros golpes
No habían pasado ni cinco días desde que el Gobierno decretara el estado de alarma cuando la Policía Nacional ya daba cuenta de la incautación de 3.600 mascarillas, 497.000 guantes y 12.756 botellas de soluciones hidroalcohólicas.
Todo ello se encontraba en Cobo Calleja, el principal polígono industrial de almacenes de distribución de productos de China, ubicado en Fuenlabrada (Madrid). Fue una actuación preventiva de la Policía, que inspeccionó las naves de ese polígono para evitar el tráfico ilegal de estos productos.
Y es que hay que recordar que en ese momento traficar con mascarillas era un negocio más que goloso, porque el mercado estaba en esas fechas desabastecido de ese material -tan preciado entonces como el papel higiénico- y su precio estaba muy por encima de lo razonable. Si es que se tenía la suerte de encontrarlo, claro.
Algunos se anticiparon a lo que se veía venir y encontraron el material a tiempo. Como esa pareja de Logroño que hizo acopio de gel, mascarillas, guantes…, productos en ese momento «de primera necesidad», para venderlos a un precio diez veces superior al del mercado. La Guardia Civil les detuvo el 7 de abril de 2020.
Con el miedo al contagio metido en el cuerpo, todos buscábamos mascarillas y guantes, aunque solo fuera para poder entrar a comprar al súper. También las empresas del sector sanitario necesitaban surtirse de ese material e hicieron sus pedidos a suministradores que, a la postre, les timaron.
A uno de estos timadores la alegría le duró poco. En junio de 2020 la Policía Nacional detuvo en Málaga a un hombre de 36 años que estafó 69.000 euros con venta de mascarillas y guantes que jamás entregó a unos destinatarios que, confiados, le transfirieron el dinero.
Productos caducados
14 de julio de 2020. La Guardia Civil informa de una operación en Valencia contra la venta de material sanitario caducado y que se salda con la incautación de 300.000 mascarillas y catorce detenidos. El instituto armado llama a la operación «Face mask».
Junto a las mascarillas, los agentes intervinieron guantes, medicamentos, jeringuillas… En suma, un material que, en su mayor parte, había caducado hacía seis años, en 2014. Menos mal que solo una pequeña parte llegó al consumidor, según explicó en ese momento la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Dos meses más tarde la Policía Local de Sevilla llevó a cabo una intervención en dos naves de polígonos industriales de la capital hispalense e intervino casi 700.000 mascarillas que incumplían la normativa y que no estaban homologadas. Es decir, ponían en riesgo la salud de los consumidores.
Al mejor postor
Es imposible hacer la cuenta de las mascarillas que a lo largo de la pandemia han intervenido las fuerzas de seguridad, pero si hablamos de partidas «gordas» hay que mencionar las 1.095.000 unidades de este producto, en este caso del tipo KN95, que se encontraron en el puerto de Almería a finales de septiembre de 2020.
Su destino era Orán (Argelia) y se encontraban ocultas en el fondo de cuatro semirremolques sin paletizar y mezcladas entre la carga legal. Su valor: 3,6 millones de euros.
Los meses pasaban, la pandemia no tocaba techo ni fondo y los delincuentes seguían viendo en ella una oportunidad de engordar sus fondos. Hasta se constituyeron en organizaciones o redes criminales para poder ejecutar mejor su fraude.
Una de esas redes logró perpetrar cientos de estafas en 21 provincias vendiendo mascarillas y otros productos a través de páginas web. Particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y hasta ortopedias acudieron a internet para hacer sus pedidos. Nunca llegaron.
La Guardia Civil logró cortar el negocio y en diciembre de 2020 desarticuló la red con la detención de seis de sus miembros.
Como desmanteló también, esta vez en marzo de 2021 y en Valencia, a un grupo que estafó más de 2,7 millones de euros a una empresa a la que vendió 330.000 cajas de guantes de nitrilo para personal sanitario de Francia, pero finalmente el destinatario solo recibió cajas llenas de arena.
Antígenos
La sexta ola de la pandemia ha coincidido en el tiempo con las fiestas navideñas. La incidencia de contagios se ha disparado en España y el que más o el que menos se ha hecho un test de antígenos. O dos, o tres, o cuatro….
¿Han sido todos ‘legales’? ¿Estaban homologados? ¿Los hemos comprado en la farmacia? Cada uno sabrá dónde, cómo y a qué precio adquirió el/los test.
Lo cierto es que a costa de esta «fiebre» también ha habido quien ha querido hacer negocio, pero la Policía lo ha impedido a tiempo.
Una vez más el polígono Cobo Calleja fue escenario de una intervención de la Policía Nacional, en concreto el pasado 30 de diciembre, por la que se intervinieron 300.000 test de antígenos que presentaban irregularidades e incumplían las medidas sanitarias.
Han quedado fuera del circuito comercial. ¿Y los 208.000 test que unos ladrones robaron en Nochevieja en una almacén de Badalona (Barcelona)? ¿Dónde están?
¡Ojo con comprar pruebas en otros establecimientos que no sean las oficinas de farmacia! En la ferreterías tampoco.
Sagrario Ortega / EFE
