NouDiari / La patronal española de ocio nocturno Spain Nightlife, a la que pertenece Ocio de Ibiza, y la asociación adherida en Cataluña, FECASARM, ha anunciado en un comunicado que se personan como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por la ‘rave’ en Llinars del Vallès (Barcelona) que se celebró el 31 de diciembre y que fue desalojada por los Mossos d’Esquadra 36 horas después. Finalizó con dos personas detenidas y otras 5 investigadas, todas en libertad con cargos.
Ambas patronales explican que «no son optimistas» sobre una condena a la altura de la gravedad de los hechos, y que «difícilmente se terminará imputando a los presuntos autores un delito contra la salud pública pues el Código Penal español vigente, no contempla como delito la conducta de propagación o transmisión de enfermedades y epidemias, ni tan siquiera a título imprudente o como mera conducta de peligro aunque estudiaremos los hechos y analizaremos qué responsabilidades se pueden derivar de los mismos».
Consideran que el ocio nocturno profesional no pueden permitir que hechos como estos queden sin «el castigo más elevado que prevé la normativa, al que consideramos muy reducido si tenemos en cuenta la gravedad de los hechos». Asumen que si los presuntos organizadores son declarados culpables serán condenados, como mucho, a un año de prisión por delito de desobediencia grave, además de una multa de hasta 600.000 euros por organizar actividad ilegal «que muy difícilmente pagarán».
“¡Estamos escuchando música, tenemos todo el derecho, no hay peleas!”, gritaba una de las asistentes. Los Mossos han desalojado en Llinars del Vallès una ‘rave’ con centenares de personas tras 40 horas de fiesta ilegal https://t.co/lLADqxSp6s pic.twitter.com/m3GVpJ0faT
— EL PAÍS (@el_pais) January 2, 2021
Inaceptable negociación con los ilegales y retraso injustificable del desalojo
Desde Spain Nightlife y FECASARM reiteran que consideran inaceptable y «una carencia de respeto hacia los locales legales, que la Generalitat de Cataluña negociara con los organizadores de la fiesta ilegal dado que con el sector legal no se negoció su cierre».
Por ello también solicitarán al Juzgado que requiera de la Generalitat para que justifique por qué se tardó 36 horas en desalojar la fiesta ilegal, «pues no consideramos aceptable el argumento de que se estaba esperando un protocolo del Departamento de Salud al encontrarnos en situación de pandemia, dado que ello ya se conocía antes de Nochevieja, más cuando FECASARM había advertido previamente a la Generalitat de que se iban a celebrar múltiples fiestas ilegales de fin de año y que los servicios policiales se podían desbordar».
Las patronales han solicitado recientemente al Gobierno que impulse la modificación del Código Penal
También solicitan al Gobierno central impulsar un reforma del Código Penal para que conductas de transmisión de enfermedades y pandemias pasen a ser delito contra la salud pública. «En nuestra opinión, con ello se conseguiría evitar la celebración de fiestas ilegales como esta ‘rave’, celebrada en un momento en que los contagios y todos los indicadores epidemiológicos van al alza, y ello a pesar de que la mayoría de actividades legales se encuentran cerradas y al borde del cierre definitivo».
Desde estas patronales, siguen exigiendo también que se permita la reapertura de los locales legales «pues, tal y como quedó recientemente acreditado a raíz del ensayo clínico llevado a cabo recientemente en la Sala Apolo de Barcelona, local asociado a FECASARM y a Spain Nightlife, un local de ocio nocturno legal, con todas las medidas de prevención y de seguridad, es un espacio seguro y, además, con ello se reduciría la práctica de ocio nocturno ilegal e incontrolado e indirectamente los contagios».
