@Noudiari / La “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales”, que tras ser aprobada por unanimidad en el Parlament balear, ha iniciado su andadura en las Cortes Generales y no supondrá incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.
Así se desprende del informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.
Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.
La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley, cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de esta Ley.
Como explicita el citado informe: “Del contenido del artículo pudieran derivarse minoración de ingresos tales como los representados por los cánones de exploración, investigación y explotación sobre hidrocarburos y otras sustancias minerales al día de entrada en vigor del texto legislativo propuesto (el siguiente al de su publicación en el BOE), así como un eventual incremento de gastos derivados de las posibles indemnizaciones que el Estado habría de abonar a las empresas beneficiarias de las concesiones afectadas. Ahora bien, dichos efectos quedan automáticamente anulados por la virtualidad de su Disposición Adicional que mantiene el régimen concesional vigente hasta su extinción ordinaria”.
La Alianza Mar Blava entiende por tanto que no hay motivos que pudieran justificar en modo alguno un posible veto del Gobierno a la tramitación de esta Proposición de Ley.
La Proposición de Ley fue elaborada por la Alianza Mar Blava, plataforma intersectorial constituida por cerca de 120 miembros tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil.
Tras la presentación y entrega de este texto a los grupos del Parlament balear, todos ellos (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Mixto) registraron conjuntamente la iniciativa el pasado 16 de febrero, siendo ésta aprobada por unanimidad el 11 de abril. Con fecha 4 de mayo ha sido remitida a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para que se inicie su tramitación parlamentaria.
“La aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo”, han manifestado los representantes de la Alianza Mar Blava, en rueda de prensa celebrada hoy en Madrid.
En ese acto han estado presentes Miguel Vericad, Conseller de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Consell de Ibiza, Javier Ares, Conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera del Consell de Menorca, Miquel Truyol, Director Insular de Medio Marino del Consell de Menorca, Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava, y miembros de las organizaciones Amigos de la Tierra y Greenpeace, entidades adheridas a la Alianza Mar Blava.
Como se recoge en la citada Proposición de Ley, la aproximación a los hidrocarburos que ha dominado el siglo XX ha sido desbordada por el conocimiento y la responsabilidad que llega desde la sociedad a las leyes de manera lenta pero inexorable.
En este sentido no resulta coherente explorar o investigar nuevos yacimientos de combustibles fósiles cuando la Agencia Internacional de la Energía y la Organización de Naciones Unidas han puesto de manifiesto que si se quiere evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, se debe dejar sin quemar la mayor parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no aumentar de forma irreversible las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del calentamiento global del planeta.
Por lo tanto, llevar a cabo actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos supondría realizar un esfuerzo en sentido contrario a los compromisos internacionales adquiridos por la Unión Europea y el propio Estado español de lograr una economía profundamente descarbonizada, basada fundamentalmente en el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
El límite para la exploración, investigación y explotación de los hidrocarburos mar adentro ya no puede ser únicamente la capacidad tecnológica, sino que se hace necesario reservar grandes áreas frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, no sólo por la protección de los ecosistemas marinos y la diversidad biológica de estos espacios, sino por la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables.
Ello tiene además adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, en la Directiva de prospecciones, exploración y producción de hidrocarburos (Art. 2 de la Directiva 94/22/CE).
