@D.V./ El Juzgado del Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha declarado como firme la sentencia del pasado mes de julio que anulaba las renumeraciones en concepto de indemnizaciones a los regidores del PP sin dedicación exclusiva que aprobó el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany. Esta sentencia, que no ha sido recurrida ni por el Ayuntamiento de Sant Antoni ni por el grupo municipal del PI, que fue quien llevó el caso a los tribunales, anula “la inclusión de las posibles indemnizaciones a abonar a los Concejales sin dedicación exclusiva por no ser conforme a derecho”. Además, considera que “nos encontramos ante un acuerdo municipal contrario al ordenamiento jurídico, toda vez que fija un sueldo al Alcalde y a los concejales bajo la apariencia formal de unas indemnizaciones”.
Según el tribunal, en caso que se quiera cobrar alguna indemnización porque el ejercicio del cargo de regidor haya impedido obtener algún ingreso o supuesto alguna merma económica, ésta debe tener una justificación documental. En la sentencia, sin embargo, el magistrado no hace referencia alguna a la cuantía de los sueldos ni explicita que el dinero se tenga que devolver, sino que utiliza la rebuscada fórmula siguiente: “debiendo retrotraerse las actuaciones a fin de que por la Administración demandada se establezca el marco retributivo de los afectados cumpliendo los mandatos recogidos en la normativa aplicable”.
En resumen, como nadie ha recurrido la sentencia, esta adquiere la categoria de ‘firme’, con lo que en realidad nada cambia. Tampoco ha cambiado nada de las reacciones tanto del Ayuntamiento de Sant Antoni como del gurpo municipal del PI,, que ante el mismo texto reaccionan de manera diametralmente opuesta.
Satisfacción en el gobierno municipal
Así, según el Consistorio, “el juez confirma que los sueldos de los ediles del PP sin dedicación exclusiva -6 de loas 12 regidores populares- no son ilegales y ni que tampoco este equipo de gobierno se ha subido el sueldo, dos mentiras que durante todo este tiempo la oposición ha repetido hasta la saciedad y con el fin de sacar rédito político”. Recuerdan además que en la sentencia en ningún momento se pide que los regidores devuelvan el dinero ingresado y, por tanto, sólo se trata de modificar una cuestión técnica: “Se cambiará el concepto de indemnización por el de asistencia a órganos colegiados y cuantificar las asistencias”.
El equipo de gobierno municipal lamenta profundamente la “judicialización de la política que hace el PI” y considera que su denuncia ha sido “el principio una guerra personal de los ediles de este grupo y un oportunismo político que lo que han conseguido es obstaculizar la acción de gobierno”. Según el Consistorio, los servicios jurídicos del Ayuntamiento deberían “trabajar en resolver losproblemas de los ciudadanos en ver de contestar las denuncias del partido regionalista”.
El PI asegura que la sentencia le da la razón
En las absolutas antípodas se sitúa el PI quien manifiesta su estupefacción como lo que definen una “interpretación sesgada y manipulatoria de la firmeza de la sentencia”. “En primer lugar, la firmeza de la sentencia no implica ningún cambio ni ninguna modificación a lo que ya sabíamos de la sentencia de hace unos meses, todo sigue exactamente igual” ha comentado el portavoz del PI, Joan Torres, “y el contenido de la sentencia es el mismo: afirma que los siete regidores del PP han cobrado un sueldo encubierto bajo la apariencia de indemnizaciones. Ha quedado demostrado que este equipo de gobierno ha incumplido la ley”.
Los regionalistas han denunciado nuevamente que cuando el actual gobierno municipal alcanzó el poder en 2011, “lo primero que hizo fue subirse el sueldo, pasando este concepto de 200.000 a 400.000 euros anuales”, por lo que esta sentencia “muy importante y supone un gran noticia para todos los ciudadanos de Sant Antoni”. “Lo que no deja de sorprenderme son las extrañas interpretaciones que hacen de la misma desde el Ayuntamiento” ha agregado Torres.
Remunerar, no renumerar