Tres pescadores han sido sancionados por la Dirección General de Pesca del Govern en colaboración con el departamento de Medio Rural y Marino del Consell de Ibiza tras intervenirles pulpos de peso inferior al permitido para su captura y a un cuarto por pescar sin licencia, ha informado el Consell en un comunicado.
Dos de los cuatro casos detectados han ocurrido este año y han dado lugar a levantar sendas actas de inspección para los dos pescadores recreativos por tener ejemplares de pulpo con un peso inferior a un kilo, que es el mínimo para su captura.
Estas dos actas, que pueden implicar una falta grave, se suman a dos expedientes sancionadores iniciados durante 2023 a otros dos pescadores: uno también por tener un ejemplar de pulpo de talla inferior al kilogramo durante el periodo de veda y el otro por pescar pulpos sin disponer de la licencia de pesca recreativa necesaria.
Asimismo, el servicio de vigilancia pesquera “está dedicando muchos esfuerzos”, además de las inspecciones, para informar a los usuarios y hacer pedagogía sobre las prácticas pesqueras que están permitidas y las que no lo están.
La administración insular ha recalcado que la talla mínima para capturar un pulpo mediante pesca recreativa es de 1 kilogramo y con un máximo de 3 pulpos por persona y día. Además, el pulpo en Pitiusas tiene un periodo de veda del 15 de julio al 15 de octubre en profundidades comprendidas entre 0 a 50 metros.
Para su captura, fuera del periodo de veda, se tiene que estar en posesión de una licencia de pesca recreativa, ya sea individual, de embarcación o submarina.
Las multas por tener ejemplares de talla inferior al kilogramo, sobrepasar los 3 pulpos por persona y día o pescar pulpos durante el periodo de veda, van de 151 a 30.000 euros para la pesca recreativa.
En el caso de la pesca artesanal profesional la regulación en cuanto a la talla mínima de un kilo es la misma, pero para pesca de arrastre puede capturarse a más de 50 metros de profundidad y no tiene las restricciones de peso mínimo de 1 kg. Las sanciones por incumplimiento pueden ir de 151 a 60.000 euros.
EFE
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