EFE / El Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza ha celebrado este miércoles su primer juicio en las instalaciones provisionales del Consell de Ibiza, después del incendio del 21 de enero que afectó a la sede judicial de la avenida Isidor Macabich.
Desde el siniestro, los Juzgados de Penal 1 y 2 de Ibiza sólo han celebrado cuatro juicios en la sede del Juzgado de lo Social de Ibiza de casos con preso.
A partir de ahora, las vistas tendrán lugar una vez a la semana en los espacios cedidos por el Consell de Ibiza, aunque sólo para casos urgentes, de violencia sobre la mujer, de derechos fundamentales o del Juzgado de Guardia.
Según el secretario general de CSIF en las Pitiusas, Juan Nieto, el espacio cedido por el Consell no tiene “las condiciones idóneas para celebrar vistas” porque tiene un problema de “intimidad” ya que todo lo que ocurre en la sala se puede oír desde afuera y en la propia sala se puede escuchar el ruido del espacio que ocupa el personal funcionarios.
Así se ha referido a la sala de vistas de 25 metros cuadrados donde se celebran los juicios, que está separada por un parapeto de otra sala de 40 metros cuadrados donde se han ubicado a los 14 funcionarios de ambos juzgados, que atienden allí a los ciudadanos.
Nieto ha calificado de “loable” la actuación del Consell de Ibiza al ceder este espacio, “para poder salir del paso”, pero ha insistido en que hasta que no se trasladen al nuevo edificio judicial, en construcción, no se podrá trabajar “en condiciones normales”.
El representante de CSIF en las Pitiusas ha recordado que el Ministerio de Justicia tiene previsto alquilar otro espacio en la Torre 6 del Cetis, pero ha advertido de que “al principio iban a ser 400 metros cuadrados, pero parece que finalmente serán 200 metros cuadrados”, por lo que, según ha indicado, continuarán los problemas de falta de espacio.
La vista celebrada este miércoles ha sido por un caso de maltrato en el ámbito familiar, en el que se ha condenado a un hombre por agredir a su pareja a seis meses de prisión en suspenso, con orden de alejamiento de cien metros y prohibición de comunicación durante un año y medio con la víctima.
Aunque se iban a celebrar tres juicios, finalmente sólo se ha celebrado uno, por causas ajenas a las condiciones del juzgado provisional instalado en la sede de la institución insular.