@Noudiari / Proposta per Eivissa (PxE) celebra que el PSOE haya retirado la propuesta de ley de medidas de protección de la bahía de Sant Antoni que pretendía prohibir el desembarco de vehículos a la espera de que se redacte una ley consensuada y que permita el tráfico de pasajeros entre la bahía de Portmany, Formentera y la península, así como también entre el puerto de Sant Antoni y las calas cercanas.
Vicent Torres, portavoz de PxE, recuerda que Alternativa Insular, partido miembro de la coalición insularista, presentó en diciembre en el Ayuntamiento de Sant Josep y con carácter de urgencia una moción para que la tramitación de esta propuesta de ley se interrumpiera “ya que nosotros teníamos muy claro que esta ley, al cambiar la clasificación del puerto, no solo impedía el desembarco de mercancías y vehículos a cuatro o más ruedas si no que prohibía también el desembarco de pasajeros”.
Según Torres, el Parlament estaba tramitando una ley ‘ex profeso’ tras la petición del alcalde del PSOE de Sant Antoni, Pep Tur, una ley que solo contenía tres artículos y una disposición adicional que contemplaba que en el puerto de Portmany solo hubiera tráfico de personas. “El articulado de la ley clasifica el puerto de Sant Antoni como categoría C, como puerto deportivo y pesquero, y con esta clasificación no podrían operar las líneas de tráfico marítimo entre Sant Antoni y Formentera, la península u otros puntos de la costa”.
“Pensamos que el alcalde Pep Tur no era consciente de las consecuencias negativas que tenía la tramitación de esta propuesta de ley, por eso le informamos y posteriormente denunciamos desde Alternativa Insular en una moción en el pleno de Sant Josep,una moción que fue rechazada por el resto de fuerzas políticas con representación en el consistorio”, explica Vicent Torres. “Por ello, valoramos de forma muy positiva que su aprobación se haya aplazado porque si esta propuesta de ley se aprueba tal y como está no solo impediría el tráfico de pasajeros en toda la bahía de Sant Antoni y Sant Josep, sino que supondría la ruina y cierre de las navieras locales al no poder operar. Era una ley mal hecha”, concluye Torres.