@Guillermo Romaní/El arquitecto Salvador Roig ha explicado hoy en Sant Ferran, Formentera, que la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que “las Normas Subsidiarias de Formentera están absolutamente suspendidas en el ámbito de los Núcleos Históricos Artísticos y que la única delimitación válida es la de siempre, la contemplada en la normativa de 1996”.
Para Roig, “el pueblo de Formentera debería pedir responsabilidades a quienes han querido seguir un atajo absolutamente erróneo que en lugar de acortar camino lo que ha conseguido es alargarlo de forma innecesaria”.
Así se ha referido a los políticos, a quienes considera responsables de la complejidad actual del urbanismo de la pitiusa menor.
El arquiecto ha explicado que cuando se iniciaron los trabajos de adecuación de las normas subsidiarias de Formentera al Plan Territorial de Ibiza y Formentera no se tuvo en cuenta que también existía la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.
También ha recordado el decreto que el Govern Balear hizo ‘in extremis para’ salvar determinadas cuestiones urbanísticas en Sant Ferran, soslayando los efectos de la primera sentencia del caso de Ca ses Castellones, y sin seguir los preceptos de los nuevos decretos y sentencias que anulaban la demolición de Ca ses Castellones y la concesión de las licencias para la construcción de un Centro Comercial que finalmente tuvo que ser demolido.
El malo de la película
Según el arquitecto, se le intenta hacer pasar «no sólo en Formentera, sino también en Eivissa, como el malo de la película». «Pero no soy el único malo, porque hacer bien las cosas relativas al Patrimonio sólo pueden hacerse cumpliendo la ley y ahí, los malos somos todos los que hemos intentado corregir concretamente estas cuestiones, pero también los políticos que sabiéndolo no han querido aplicar la ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears”, ha indicado.
Al respecto Roig, recuerda que dicha ley en sus artículos iniciales subraya que la defensa y la protección del patrimonio es un deber y una obligación de todos los ciudadanos tanto en las Balears como en el conjunto del Estado. “¿Y ahora qué?” se pregunta el arquitecto.
Para Roig, lo que hay que hacer es, en primer lugar, obligar a “todos los políticos de Formentera que den órdenes para que se proteja el patrimonio de la isla conforme a la ley vigente y dejen de orquestar una ceremonia de la confusión, como se ha visto en las declaraciones de estos últimos días argumentando que esto se puede arreglar elaborando una nueva memoria de justificación”.
Para Roig esto sólo puede hacerse, según explica, mediante el Plan Especial de Protección o documento equivalente que exige la ley. “Y eso implica un largo trabajo, una tarea seria y compleja que no debe entenderse como un trámite para cubrir expediente y justificar conductas anteriores, sino -resalta Roig-, con una voluntad real de preservar el patrimonio que aún se puede conservar en los conjuntos históricos y, muy importante, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y eso no es cosa de un par de meses, es un trabajo de varios años”, señala.
Los profesionales