Seamos realistas. Cualquier iniciativa emprendida con la intención de proteger Tagomago es una batalla perdida.
Así lo demuestran las diversas actuaciones promovidas por estamentos nacionales como la Demarcación de Costas, responsable de adjudicar las concesiones de los elementos ubicados en el perímetro costero, o la Autoridad Portuaria de Balears, responsable última del faro y sus instalaciones.
Resulta muy preocupante que Costas se plantee siquiera conceder los usos del muelle de amarre y la posibilidad de instalar dos campos de boyas en caras opuestas del islote a un gestor de la propiedad que es actualmente, y a la espera de resolución de recurso de apelación, no lo olvidemos, un individuo condenado por la justicia española por sus actuaciones irregulares en Tagomago, además de tener otra empresa relacionada que desde hace años debe millones de euros al fisco español.
Y todo ello por encima de una institución como el Ajuntament de Santa Eulària, que debería tener preferencia sobre un particular a la hora de explotar dichos elementos, en este caso, con vistas a aprovechar las instalaciones para preservar y dar a conocer el tesoro medioambiental que contiene Tagomago.
Los servivios jurídicos municipales califican de sorprendente la velocidad a la que se presentan y resuelven los expedientes relacionados con elementos ubicados en el islote de la discordia, como la grúa instalada al principio del muelle de amarre, una resolución favorable a los gestores de la propiedad que llegó vía penínsular directa y sin escalas a pesar de los informes desfavorables tanto del Ajuntament de Santa Eulària como del Consell Insular d’Eivissa.
El hecho de que el último de los expedientes con la exposición pública de la licitación de la concesión de las áreas de fondeo y el muelle llegara a Ibiza al filo del plazo hábil de 20 días para su consulta y presentar alegaciones no ayuda en nada a la imagen de la Demarcación de Costas. La mujer del César no sólo debe ser honrada. Además, debe parecerlo.
La impresión que da todo el asunto es que hay prisa por legalizar un campo de boyas que imposibilitaría a los pescadores tradicionales la captura del ‘gerret’, ya que el caladero se ubica en el mismo lugar, dejando así sin efecto una de las resoluciones estrella adoptadas en la futura reserva pesquera de la zona. Pero claro, esta es solo una impresión subjetiva nuestra, abierta a diversas interpretaciones, por supuesto.
El pasado mes de julio la entidad Transparencia Internacional España dio a conocer un demoledor informe en el que la Autoridad Portuaria de Balears se subía al podio como una de las tres empresas públicas españoles que suspenden en transparencia, tal y como se desprende de su índice de empresas públicas.
Apenas unos días después saltaba la liebre con la noticia de que su actual director había descubierto micrófonos ocultos en su propio despacho. Micrófonos que, como hemos sabido recientemente, fueron colocados por su predecesor en el cargo. Esperpéntico es poco adjetivo calificativo para describir este turbio asunto.
Pues bien, cabe recordar que la APB es la actual responsable del faro de Tagomago y sus instalaciones, y recientemente hemos sabido que los gestores de la propiedad disponen de una llave del faro con la que entran y salen a su antojo. No solo eso, además utilizan sus instalaciones, tanto el exterior como el interior del edificio principal, para almacenar todo tipo de utensilios del desmantelado beach club, su solarium y también de la mansión. Caja registradora, mesas, sillas, hamacas, taburetes, tumbonas… todo apilado en una de las habitaciones del primer piso del faro.
Las preguntas son interesantes y variadas: ¿A qué viene este trato de favor? ¿La APB haría lo mismo si cualquier otro particular solicitara almacenar sus trastos en el edificio? ¿Qué reciben en contrapartida por dejarles tener la llave de unas instalaciones de carácter público y dejarles almacenar sus enseres? Hemos intentado averiguarlo por distintos medios y no hay manera de aclararlo.
Esperamos y deseamos que no tenga nada que ver con el anterior proyecto de conversión de las instalaciones en un spa de lujo, ni en las que a buen seguro están por llegar en vistas a convertirlo en un hotel, un restaurante o cualquier otra instalación con vistas a una explotación de carácter privado. Pero claro, no somos ingenuos y sí conocedores de que por muy pública que sea la APB su intención no es otra que la de sacar el máximo rendimiento económico de unas instalaciones, que tal vez generarían menos ingresos en caso de ser reconvertidas, por poner un ejemplo, en un museo del mar que abarcara también la flora y fauna del islote, y que fuera gestionado por alguna institución local, balear, o ambas. Pero claro, eso sería un proyecto que redundaría en el bien común y cultural de ibicencos y visitantes, y parece que algunos no estén por la labor.
Lo que nos ha quedado muy claro a lo largo de estos años de tira y afloja es que el Govern Balear, a través de su Conselleria de Medi Ambient, se ha desentendido por completo del tema, al igual que cualquier otro relacionado con el municipio de Santa Eulària.
El Consell d’Eivissa reaccionó tarde y a desgana, pero reaccionó al fin y al cabo, aunque su actuación al respecto ha resultado más que tibia, dejando a los pescadores profesionales la ardua labor de elaborar la propuesta de reserva pesquera de la zona. Seguro que llegado día aparecerán en la foto los consellers de turno colgándose medallas y anunciando el proyecto como la panacea para todos los males, cuando en realidad el problema gordo lo tienen en tierra firme del islote.
Y por último, el Ajuntament de Santa Eulària, muy voluntarioso y que desde un primer momento intentó coger el toro por los cuernos convocando reuniones, alcanzando un consenso inédito entre las partes implicadas y diferentes partidos políticos, elaborando además un PORN basado en informes actualizados in situ de la zona, pero que a la hora de la verdad ha quedado en agua de borrajas por la desidia de unos y los intereses de otros.
Todo ello nos ha demostrado que tanto da la institución que se ponga al frente. Ninguna de ellas tiene las competencias necesarias para convertir Tagomago en el santuario medioambiental que merece ser, ninguna. Es duro decirlo, pero es así. Mientras los expedientes se resuelvan por vía directa, ya sea desde la capital del Estado o de la comunidad autónoma, los ibicencos no tenemos absolutamente nada que hacer.
Se avecina una privatización de facto de la isla y sus instalaciones, que además creará un precedente legal terrible para cualquier tramo costero de nuestro país, ya que cualquiera con los posibles necesarios podrá hacérselo suyo por muy protegido que esté sobre el papel.
Sentimos ser portadores de malas noticias, pero la batalla por Tagomago es una batalla perdida. A no ser que…
Por la Plataforma Tagomago Parque Nacional
Molt trist!!
A no ser, que el pueblo, empoderado y consciente de su responsabilidad, se plante y diga «Hasta aquí hemos llegado»; y comience una movilización que contemple la acción directa, como vía fundamental de la reivindicación de que Tagomago sea declarado un patrimonio del pueblo, y que exija a los políticos que quieran ser sus representantes, que acaben de una vez con el actual estado de cosas. ¡Okupación y Expropiación!¡A la lucha!
a ver no es un LIC tagomago?
LIC, ZEPA, ANEI…toda una colección de papel mojado muy bonito en la teoría y absolutamente inútil en la práctica, tal y como se ha venido demostrando desde la llegada de D. Matthias a la isla.
Lo triste del asunto no es que este señor haga y deshaga a su antojo, lo triste son las instituciones que tenemos, que ninguna tiene competencia en nada cuando hay multimillonarios de por medio, eso si bien que calientan las sillas y el pueblo a PAGAR, dificil arreglo tenemos…