El municipio más rico, a la sombra del Ushuaïa, por Pepe Roselló

Hace unos días, el Ayuntamiento de Sant Josep presentó sus presupuestos para el año 2022, que serán los más altos que esta institución haya gestionado jamás y, en palabras del propio alcalde, también los más ambiciosos. Mientras el equipo  de gobierno se felicita por estos 41 millones de euros, a mi me parece sorprendente que las cuentas del consistorio más rico de la isla estén aún cuatro millones por debajo de la facturación del Ushuaïa, que es solo uno de los innumerables negocios que regenta Empresas Matutes y que se caracteriza, precisamente, por su origen opaco. 

Qué paradoja tan grande que este hotel-discoteca irrumpiera en la isla para dinamitar su modelo turístico, empleando como caballo de Troya la declaración responsable. Ésta no fue contemplada por nuestro ordenamiento jurídico hasta el año 2009, cuando entró en vigor la directiva Bolkestein, impulsada por la Unión Europea. Aunque esta nueva fórmula nació con el fin de acortar la tramitación de los expedientes y aligerar la burocracia administrativa, ha acabado funcionando como un sórdido atajo en el que proyectos de dudosa legalidad acaban asentándose por silencio administrativo, dada la falta de medios de las  administraciones para responder a tiempo a estos expedientes. 

De este páramo administrativo, por tanto, surgió el primer hotel-discoteca de Ibiza, que transformó un alojamiento normal y corriente con capacidad para unos cientos de personas, en una sala de fiestas exterior para varios miles. Todo ello, decíamos, con una simple declaración responsable, que inicialmente fue rechazada por el Ayuntamiento de Sant Josep, pero que acabó siguiendo su curso y su hoja de ruta por los despachos, hasta instalarse y perpetuarse con absoluta  impunidad. Y ante la estupefacción del sector del ocio nocturno y la propia sociedad ibicenca, que de pronto descubrió que, con el apellido adecuado, se puede construir una macrodiscoteca de la nada, sin puertas, ni paredes, ni techos. Con esta decisión y otras igualmente inexplicables (véanse los desatinos urbanísticos de Cala Vedella), Sant Josep ha acabado ejemplarizando como ningún otro el modelo reduccionista. Incluso luciendo el blasón del socialismo, desde su minoría mayoritaria, se ha convertido en una administración elitista, aburguesada y absolutamente desleal con el resto de la isla. 

Esta insólita pasividad municipal permitió al Ushuaïa apoltronarse y obtener unos beneficios multimillonarios, a costa de arruinar a docenas de empresas. Todo ello sin poseer ni tan siquiera una licencia de actividad vinculada a aquello a lo que realmente se dedicaba.  

La ensalada se acabó de aliñar a partir de 2011, después de que el PP ganara las elecciones autonómicas y preparara una ley turística para acabar de afianzar el disparate. Dicho partido, al igual que el PSOE, adolece de un clientelismo secular en el que andan en juego puestos de trabajo, subvenciones y reformas que benefician los intereses de sus adeptos o adictos. El tamaño y las dimensiones de estas prebendas pueden ser modestas o disparatadas, y cuando un disparate se consuma hay que apuntalarlo con las medidas y correcciones que sean necesarias, aún a costa de reventar la convivencia y el equilibrio de toda una isla. A ello se añade el corporativismo sin límites de Ocio de Ibiza, asociación de blanqueo que actúa sin tener en cuenta la justicia, las implicaciones o los perjuicios que causan a terceros. El corporativismo es uno de los componentes más ilustrativos del  fascismo, junto al nacionalismo y la xenofobia. La democracia y sus leyes se manifiestan y traducen en la protección, seguridad y libertad de la ciudadanía, con sus derechos y obligaciones, para conformar una comunidad armónica y plural. En la isla, sin embargo, vamos como los cangrejos. 

El ex alcalde Agustinet, rescatado por el Govern balear antes de que el drama social de los Don Pepe le estallara en la cara, vio nacer al Ushuaïa con este cúmulo de irregularidades y no movió un dedo cuando lo tuvo todo a su favor. Ni los altavoces al exterior, que tan inocentemente conseguían un impresionante overbooking cada noche, ni el eslogan del “hotel que nunca duerme”, ni el cobro de entradas a miles de personas no alojadas fueron suficiente argumento para que Agustinet cogiera el toro por los cuernos, como era su obligación. Poco a poco, aquello se convirtió en un tsunami que ha dejado a la isla temblando y a las estructuras comerciales y el equipamiento jurídico seriamente perjudicados.  

Con estos precedentes, no me extraña lo más mínimo la realidad actual de Agustinet. Si fuera un político inteligente y operativo, habría aprovechado el asunto del Don Pepe, un evitable drama humano que les está costando la casa, la economía y la salud a docenas de familias, para catapultarse hacia el Consell Insular como un candidato laureado. Le habría bastado con una proposición transitoria más sencilla y mucho menos polémica que la que gestó para legalizar los hoteles de Matutes.  

A la actitud incompresible del Ayuntamiento se suma la dejación de funciones por parte del Consell Insular, que, en virtud de las transferencias conferidas en regulación, dirección, promoción y planificación del turismo, es el depositario de la competencia para regular el desaguisado en el que se sume la industria del ocio. Sin excepciones municipales ni territoriales, bajo una visión holística que contemple unas reglas del juego que no favorezcan a unos en perjuicio de otros, y que además fomenten una transparencia que nos iguale a todos en oportunidades. 

El resumen de esta década de ciencia ficción es que el Ayuntamiento de Sant Josep se ha erigido en juez y árbitro de la situación originada y creada para servir a unos intereses concretos, y se ha puesto por montera los intereses del resto de las instituciones y municipios, incluyendo el máximo órgano de la isla: el Consell Insular. “Gaudeamus Igitur”, como cantan los estudiantes. 

Por Pepe Roselló