La gestión de residuos en Ibiza ha llegado a un punto crítico. El vertedero de Ca na Putxa está cerca de su saturación y la falta de planificación durante años nos ha llevado a una situación de incertidumbre que puede derivar en una crisis de residuos si no se toman decisiones urgentes y valientes.
Las opciones son claras: o trasladar los residuos a Mallorca para que sean incinerados allí, con los costes y dependencias que ello conlleva, o construir una planta de valorización energética en Ibiza, generando beneficios económicos, energéticos y medioambientales no sólo a largo plazo, sino de forma inmediata.
Lógicamente el aumento de reciclaje y la reducción en la generación de residuos son acciones que podrían mejorar la situación actual, pero la generación de residuos 0 no existe, y los márgenes de mejora son relativamente limitados. Incluso con las proyecciones de mejora más optimistas seguiría haciendo falta una alternativa a la gestión de residuos.
El transporte de residuos a Mallorca no es una solución racional. Los informes del Consell Insular d’Eivissa ya alertaban en 2021 de un coste de 87,94 € por tonelada, una cifra que hoy ya estará obsoleta y que superará con creces los 100 € por tonelada debido al impacto de la inflación. Y a esto habría que añadir el coste real del transporte, que según fuentes del sector en Ibiza no son los 55€/h que aparecen en el estudio del Consell Insular d’Eivissa, sino 75€/h o más. Pero el problema no es solo económico: esta opción deja a Ibiza totalmente dependiente de terceros, sin control sobre el tratamiento de sus residuos ni sobre los costes futuros que pueda imponer Mallorca.
Desde algunos sectores se habla de la posibilidad de subvencionar parte de los costes del transporte, aunque, de forma interesada, no mencionan que también existe la posibilidad de subvencionar la construcción de la planta de valorización. De todas formas, esto no es más que una trampa contable, cambiarse el dinero del bolsillo izquierdo al derecho, porque el dinero público sigue saliendo del mismo sitio: de todos y cada uno de nosotros.
Además, el transporte genera un impacto medioambiental absurdo. No se trata solo de desplazar la contaminación a otro lugar, sino de añadir la del transporte marítimo y terrestre, cifrada en 36.543 toneladas de CO₂ anuales. Esto equivale a las emisiones de más de 7.500 coches circulando durante un año. Y a todo esto hay que sumarle el impacto logístico en el puerto de Ibiza y sus carreteras, con un volumen constante de camiones cargando residuos para embarcarlos diariamente hacia Mallorca, generando molestias y una muy mala imagen a vecinos y turistas. ¿Y qué ocurre si un día el barco que transporta los residuos no puede salir de nuestro puerto por cualquier eventualidad?
Por el contrario, la planta de valorización energética en Ibiza es una solución lógica, sostenible y económica. Según datos del Consell Insular d’Eivissa, podría cubrir hasta el 17% del consumo eléctrico de la isla, siendo el 50% de esta energía considerada renovable. Ciudades europeas como Copenhague, Estocolmo o Hamburgo han implantado este modelo con éxito, con plantas de valorización dentro de sus núcleos urbanos sin que hayan tenido impactos negativos.
Desde el punto de vista económico, la planta de valorización en Ibiza sería entre un 20,4% y un 3,6% más barata que el transporte a Mallorca, según la tecnología elegida, lo que significa varios cientos de miles de euros al año. Y este ahorro se calcularía en un plazo de amortización de 25 años, pero una vez amortizada la inversión, el coste de gestión de residuos se reduciría drásticamente respecto a la opción del transporte y aquí ya hablamos ya de una diferencia de varios millones de euros anuales que tendríamos que pagar todos los ciudadanos de Ibiza de una u otra forma. Además, la actividad económica generada en con la construcción de la planta beneficiaría a la isla, con puestos de trabajo directos e indirectos, en lugar de trasladar los recursos a otra isla. El dinero de Ibiza debe quedarse en Ibiza siempre que sea posible, no irse a Mallorca.
Entidades como Amics de la Terra y el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) han defendido que «cada isla debe asumir los residuos que genera». Esta es una posición coherente con el principio de proximidad y con las normativas estatales y europeas de gestión de residuos. Además, los estudios e informes publicados por el Consell Insular d’Eivissa indican que la tecnología actual de estas plantas es segura y con impactos mucho menores de lo que a menudo se percibe socialmente. En dichos estudios podemos encontrar afirmaciones por parte de los técnicos tales como “A pesar de que en algunas zonas de Europa esta tecnología esta implementada y se ha comprobado la seguridad ambiental de estas plantas debido a los grandes avances tecnológicos, la sociedad española actual está en transición de una comprensión de la necesidad y beneficios de este tipo de plantas”, es decir, que la principal reticencia social se solventaría simplemente haciendo pedagogía, explicando bien las cosas. La propia ONU ha puesto en valor las plantas de valorización como una solución esencial dentro de las políticas de gestión de residuos y de la economía circular.
Lo que hace falta ahora es valentía y decisión. No podemos permitir que la inacción y el debate eterno nos aboque a una crisis de residuos en pocos años. El Consell Insular d’Eivissa debe acelerar los trámites administrativos y tomar una decisión basada en criterios técnicos, económicos y ambientales, no en miedos infundados ni estrategias partidistas. La isla necesita una solución estable, sostenible y de futuro, y esto nos lleva inevitablemente a la construcción de una planta de valorización. El transporte de los residuos sólo es razonable si se considera de forma transitoria hasta tener una solución definitiva.
Ibiza no se puede permitir depender de Mallorca en materia de gestión de residuos, y tampoco creo que sea aceptable hipotecar nuestro futuro con una solución que supone un sobrecoste injustificado a largo plazo. Pero, sobre todo, no podemos seguir posponiendo esta decisión.
Por Javier Torres Serra,
concejal de SVDP en Sant Joan de Labritja y miembro de Cs.