Desde el pasado martes, 13 de junio, cuando un equipo de guardias civiles, acompañados por un secretario judicial, irrumpió en el Ayuntamiento en busca de diversos expedientes y documentos relacionados con una investigación por corrupción urbanística, los vecinos de Sant Josep no salimos de nuestro asombro. Aún más a partir del instante en que se hizo público que el alcalde y una funcionaria habían sido detenidos al ser investigados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y cohecho, al igual que un constructor, dos abogados y un aparejador del sector privado.
El desconcierto fue aún más grande cuando se destapó que la investigación no se centra en un único expediente –“Cala Vedella”, especulamos algunos desde el primer momento, conscientes de todo lo publicado en los últimos años–, sino en obras realizadas en distintas zonas del municipio. Un abogado ha mencionado es Cubells y Cala Bassa, además de la promoción Vadella 64, calamidad urbanística, esta última, que se arrastra desde los tiempos en que era arquitecto municipal Antonio Huerta y alcalde, José Serra Escandell. Es el único caso específico que ha trascendido y, a través del curso de distintas legislaturas, ha culminado con la comercialización de viviendas de lujo que únicamente tienen licencia como locales comerciales, además de provocar uno de los enfrentamientos públicos entre administraciones –Ayuntamiento y Consell Insular–, más sonados que se recuerdan, aun cuando estaban gobernados por el mismo partido.
La confusión general alcanzó su punto álgido cuando los abogados de los investigados incluso anunciaron que el sumario incluye una serie de pinchazos telefónicos a los investigados que habrían precipitado las detenciones –no sabemos cómo afectan a cada uno de ellos– y que ninguno quiso declarar ante la juez del Juzgado de Instrucción nº 3, que dirige la investigación. ¿Cómo es posible que, a día de hoy, alguien pueda ser tan cándido como para comentar las propias ilegalidades por teléfono? La sensación de incredulidad empeoró cuando ninguno de los involucrados quiso dar unas mínimas explicaciones a la sociedad ibicenca, a través de los numerosos medios de comunicación que hacían guardia a las puertas de la sede judicial, y decidieron mandar a sus abogados a despistarlos mientras ellos salían por la puerta de atrás.
Si hubiera que traducir en palabras los sentimientos que nos embargan a los vecinos de Sant Josep, surgirían, según a quién se preguntara, términos como tristeza, indignación, desamparo, irrealidad, desilusión, ira… Y, por encima de todas ellas, desolación. Por ver, otra vez, a nuestro municipio sometido a este descrédito, inmerso en la polémica por el urbanismo salvaje que ha asolado y sigue asolando nuestro territorio. Ya ocurrió con el caso Huerta y ahora se dirimen hechos parecidos.
Estoy de acuerdo con aquellos que subrayan la presunción de inocencia, incluida la oposición, a la que hay que alabar su prudencia y discreción. Parece obvio que la Guardia Civil y los juzgados solo toman y desalojan una institución pública cuando tienen las cosas muy claras y no someterían gratuitamente a nadie a este escarnio si no existieran indicios sólidos. Sin embargo, ¿todos los detenidos van a acabar teniendo responsabilidades en esta supuesta trama? ¿Las imputaciones acaban aquí o van a afectar a más personas?
Aunque una parte de la ciudadanía ha vertido críticas a la Justicia por el momento elegido para destapar el asunto y practicar detenciones, pienso que su elección no ha podido ser más oportuna y menos nociva para la vida política del municipio. ¿Se imaginan el circo que se habría montado si el operativo se hubiese puesto en marcha antes de las elecciones? Cabe imaginar también que la juez tendría poderosas razones para no esperar al arranque de la nueva legislatura y afectar, de esta manera, a una corporación recién llegada que nada tiene que ver con el asunto.
Lo ocurrido en Sant Josep, además, constituye una sorpresa mayúscula por todas las polémicas urbanísticas a las que hemos asistido en el pasado y que no han tenido la menor consecuencia ni han motivado investigación alguna. Haciendo un símil con aquel final estremecedor de la película ‘Blade Runner’, los josepins hemos visto cosas que vosotros no creeríais. Recortar un monte a lo bestia para construir una urbanización, privatizar y a veces hasta convertir en monopolio la orilla de algunas playas, abrir discotecas al aire libre en terrazas de hotel cuando estaban prohibidas, proliferar chalets como champiñones en la costa y en los montes mientras a los ibicencos nos vuelven locos para construir cualquier cosa en nuestra propia tierra… Todas esas polémicas se han diluido, sin consecuencias, como lágrimas en la lluvia.
Y eso en cuanto a nuestro municipio, porque, si nos fijamos en los últimos treinta años, hay para repartir en todos los demás, empezando por la costa de Xarraca, siguiendo por Cap Martinet, continuando hacia Cas Mut y terminando en la bahía de Portmany. Sant Josep hoy vuelve a erigirse en la oveja negra, pero la sombra del urbanismo desmadrado, sea ilegal o no, hace muchas legislaturas que se proyecta por toda la isla.
A los detenidos, decíamos, hay que considerarlos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, aunque ya han pagado el precio del descrédito. Ellos deberán afrontar, si las hay, las consecuencias jurídicas del asunto. Sin embargo, existen otras responsabilidades políticas que, pese al clamor popular, incluso entre la propia manada, se están sorteando sin disimulos.
La sensación de oscurantismo y desequilibrio urbanístico es absoluta desde hace muchos años y a la ciudadanía se le deben una serie de explicaciones políticas claras y contundentes, que nunca ha recibido. Que impere una ley igual para todos, sin puertas traseras que favorezcan al poderoso y al especulador.
Por último, a la Justicia hay que pedirle transparencia, que barra hasta el último rincón debajo de la alfombra en este caso y, sobre todo, que lo haga con rapidez para no hacer más daño del necesario. Y que no se quede únicamente en estos expedientes ni en Sant Josep, que Ibiza, urbanísticamente, da para mucho.
