La estación de autobuses del CETIS sigue siendo, a día de hoy, una de las decisiones más gravosas para las arcas públicas del transporte en Ibiza. Una infraestructura que nunca debió tener los sobrecostes que arrastra, y cuya opacidad impide saber con certeza cuánto estamos pagando de más. No es una exageración: es una hipoteca millonaria que los ibicencos seguimos abonando mes a mes, año tras año, sin que nadie dé explicaciones claras.
Durante la legislatura 2019-2023 una de mis prioridades fue precisamente impulsar una auditoría para establecer con claridad el coste real de esta estación. Con los escasos datos que pudimos obtener —y con los que los auditores lograron trabajar— ya había indicios claros de que el coste real tenía que ser bastante inferior al que se nos había hecho asumir. Sin embargo, no pudimos llegar a conclusiones definitivas por una razón muy sencilla: el Ayuntamiento de Ibiza se negó a colaborar. No nos facilitó la documentación que pedimos y que era absolutamente necesaria para terminar el trabajo sobre la auditoría de costes.
Ahora ha cambiado el gobierno municipal, y llevamos casi dos años de legislatura. Ya no valen excusas ni pretextos sobre la concesión del CETIS. La obligación de colaborar con el Consell y de rendir cuentas es ineludible. Si de verdad se quiere poner orden en este despropósito, lo primero es facilitar toda la información para que se termine de una vez la auditoría. No hacerlo sería mantener una actitud opaca e irresponsable que perjudica directamente a todos los ciudadanos de la isla. Tan solo hace falta voluntad política, una voluntad a todas vistas inexistente cuando uno lee la entrevista que hicieron al alcalde de Ibiza el pasado 6 de abril: “No ha llegado el momento” afirmaba. Pues ante esto propongo que el coste del CETIS lo pague de su bolsillo hasta que “llegue el momento”, igual que la tasa de basura que prometió eliminar mientras la ciudad no estuviese limpia.
Y si el Ayuntamiento sigue sin implicarse, el Consell d’Eivissa debe plantear sin rodeos la construcción de una estación de autobuses en superficie. Una instalación funcional, con sentido común, que no suponga un lastre económico permanente ni esté condicionada por decisiones del pasado tomadas a espaldas del interés general. Hay que tener el valor de poner encima de la mesa una alternativa realista, eficiente y que no dependa de terceros que ni colaboran ni asumen los costes. Una alternativa que en pocos años quedaría amortizada teniendo en cuenta los costes de la estación actual.
Además, hay un aspecto técnico que no se puede seguir ignorando: la estación del CETIS tenía —y tiene— la obligación de contar con una segunda salida. Así estaba comprometido por escrito. No es un detalle menor: es imprescindible para garantizar una operativa fluida y segura, especialmente ahora que el nuevo contrato de transporte público prevé un aumento significativo de servicios. Pretender operar con una única salida es una temeridad que afectará directamente a los tiempos, la puntualidad y la calidad del servicio.
Ibiza no puede seguir atada a una infraestructura mal planificada y económicamente insostenible. Y recordemos una cosa: esto no lo están pagando sólo los vecinos de Vila, lo estamos pagando todos.
Por Javier Torres Serra,
portavoz de Sa Veu des Poble en Sant Joan de Labritja y miembro de Ciudadanos.
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