Josep Tur ‘Cires’ y Cristina Ribas han sido absueltos por la Audiencia Provincial del delito de prevaricación, del que venían siendo acusados por la empresa Bambagas SL, concesionaria del frustrado chiringuito desmontable de Cala Gració. La sentencia absolutoria era más que previsible, dado que la Fiscalía no apreció indicios de delito y por tanto, no ejerció la acusación durante el juicio.
Los hechos enjuiciados por el tribunal se remontan al año 2018, cuando el Ajuntament de Sant Antoni autorizó la instalación de un chiringuito de temporada en Cala Gració, respaldado por una resolución de la Demarcación de Costas de Baleares que consideraba que la zona era tramo urbano. Sin embargo, tras una limitada protesta ciudadana y algunas críticas periodísticas, el consistorio revocó la autorización, alegando que la información de Costas era errónea y que el terreno no era apto para tal instalación. Esta revocación llevó a la empresa afectada a presentar una querella por prevaricación contra Tur y Ribas.
Durante el juicio, la Fiscalía solicitó la absolución de ambos acusados, argumentando que no se había demostrado una intención deliberada de perjudicar a la empresa y que las decisiones se basaron en informes técnicos que señalaban irregularidades en el proyecto del chiringuito. La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha concluido que los hechos no desvirtúan la presunción de inocencia de los acusados, dictando su absolución.
A pesar de la exoneración, la actuación del Ajuntament de Sant Antoni durante el mandato de Pep Tur ‘Cires’ tiene muchas probabilidades de derivar en responsabilidades patrimoniales. La empresa afectada ha reclamado una indemnización de 672.412,89 euros por daños y perjuicios, argumentando que obtuvo las autorizaciones legalmente y actuó de buena fe. Llevó a cabo una cuantiosa inversión económica y finalmente no pudo desarrollar la actividad que le había sido autorizada. La posibilidad de que los vecinos de Sant Antoni deban costear con sus impuestos las consecuencias económicas de las decisiones administrativas, es más que cierta y no barata.
Aquel episodio se aleja de lo que se entiende por una gestión municipal rigurosa y coherente. La concesión inicial de la autorización para instalar el chiringuito, seguida de su revocación, demuestra el mal funcionamiento de la Administración, por más que no sea constitutiva de delito. ‘Cires’ y Ribas son irresponsables, según el tribunal. No se les puede exigir responsabilidad penal ya que no delinquieron. Pero sus desmanes los pagarán los vecinos de Sant Antoni a escote. ¡A su salud!
Joan Miquel Perpinyà
