La libertad de asociación, consagrada en la Constitución española, implica la posibilidad de constituir organizaciones destinadas a defender intereses y fines legítimos de la ciudadanía. Las administraciones públicas deben reconocer el importante papel de las asociaciones, manteniendo un diálogo fluido y favoreciendo acuerdos de colaboración con las mismas. Ahora bien, se debería procurar un especial cuidado para que esta relación no genere situaciones de privilegio o de discriminación hacia ninguna asociación en concreto. Pues bien, creo sinceramente que el Ayuntamiento de Eivissa dista mucho de respetar este criterio en el ámbito de los profesionales del taxi.
Quisiera referirme, en concreto, a la gestión del servicio de GPS. De acuerdo con un informe jurídico emitido por el Ayuntamiento de Eivissa en 2016 se reconoce a la Federació Insular del Taxi de l’Illa d’Eivissa (en adelante, FITIE) como única operadora autorizada, lo cual implica la facultad de esta entidad para facturar el servicio de GPS no solo a sus propios miembros, sino también a aquellos pertenecientes a cualquier otra asociación e, incluso, a los que han optado por no pertenecer a ninguna.
El pasado mes de octubre la FITIE acordó un aumento de más del 40% en la tarifa del servicio del GPS. Para empezar, quienes no pertenecemos a dicha entidad no hemos tenido ninguna posibilidad de expresar nuestra opinión. Por otra parte, se supone que la FITIE debería justificar ante el propio Ayuntamiento el cálculo usado para determinar la cuota a abonar, y que dicha cantidad se ajuste al coste real del servicio del GPS. Y lo que no es menos importante: dicha tarifa debería quedar perfectamente desglosada y diferenciada de cualquier otra cuota que se abone por otros conceptos, los cuales deberían afectar únicamente y exclusivamente a los asociados a la FITIE. Todo ello viene recogido en el informe jurídico de 2016. A mi parecer, ninguno de estos criterios se viene cumpliendo en la actualidad.
Resulta deplorable comprobar como el Ayuntamiento de Eivissa, el cual debería velar para que todo lo anterior se cumpla, se pone de perfil ante las tarifas propuestas por la FITIE. Al abstenerse de cualquier actuación en este sentido, deja en situación de desamparo a aquellos titulares de licencia de taxi no asociados a la Federación. En primer lugar, porque no pueden contar con ninguna valoración del propio Ayuntamiento, a fin de garantizar que lo facturado desde la FITIE por el servicio de GPS se ajusta a su coste real. Y en segundo lugar, porque al no existir un desglose claro de las diferentes tarifas presentadas al consistorio, a los profesionales no integrados en la FITIE les resulta imposible deducir si aquello que se les factura se ajusta estrictamente al servicio de GPS, o bien incluye también otros gastos inherentes únicamente a la Federación.
Dada la actual doble condición de la FITIE –por un lado como asociación de profesionales del taxi y, por otra, como operadora en exclusiva del servicio de GPS- resulta imprescindible garantizar que quienes decidan integrarse en otro colectivo, o en ninguno, no se vean perjudicados. Y, desde luego, con un Ayuntamiento que se limita a acusar recibo y dar por buenas, sin más, las tarifas de la Federación, se relega a un papel de mera comparsa a todo aquel que no pase por el aro de integrarse en el colectivo “correcto”. Definitivamente, la verdadera libertad de asociación es otra cosa.
Joan Marí Riera
Miembro de la Agrupación de autotaxis de las Baleares
