La consellera de Presidencia y Función Pública del Govern balear, Mercedes Garrido, explicó de forma clara que incluso el Govern Armengol sabe que una vivienda es una vivienda y que según la Constitución es inviolable. Da igual que allí se esté traficando con drogas, que se oculte un fugitivo o que se celebre una fiesta (asunto bastante menos grave que los anteriores ejemplos porque carece de tipificación penal), un domicilio es un domicilio y allí no se puede entrar sin mandato judicial.
No importa que sea en propiedad, que se alquile por días o por semestres. Se trata de un domicilio particular en el que la autoridad o sus agentes no pueden entrar cuando les dé la gana para hacer sus comprobaciones como si se tratase de un bar, un restaurante o un colmado; del mismo modo que no se puede entrar libremente en una casa, en la habitación de un hotel o en una caravana, porque la Ley protege especialmente aquellos lugares en tanto en cuanto son considerados domicilios.
Esta evidencia que cualquiera mínimamente leído sabe y conoce, está siendo cuestionada por algunos políticos que en representación de ciertos partidos proponen estérilmente que los inspectores del Consell d’Eivissa puedan entrar en un domicilio particular.
No se trata de propuestas políticas dignas de ser siquiera consideradas, porque las sueltan por boca de asno y sin ningún informe jurídico que las avale. Pero eso es lo de menos porque de lo que ahora se trata es de sacudirle cera al contrario, ya sea el equipo de Gobierno de PP y Cs, ya sea el Govern de PSOE-Podemos-Més.
¿Acaso los inspectores del Govern en Mallorca, que dependen del conseller de Turismo Iago Negueruela, acceden a las casas donde se hacen fiestas ilegales? ¿O es que acaso allí no se celebran tales saraos?
En esto de las fiestas ilegales el PSOE recuerda a cuando hace unos años Pedro Sánchez criticaba a Mariano Rajoy cuando subía la factura de la luz. Entonces el culpable era el presidente del Gobierno. Ahora que batimos récord del precio de la electricidad, el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad ni puede hacer nada, ya que la culpa es de la voracidad de las compañías eléctricas, del precio del gas y de la normativa europea. Y así todo.
Si deplorable es la actitud de los socialistas y, sobre todo, del conseller Negueruela, diciéndole al presidente Vicent Marí “que haga su trabajo”, la postura del PP y Cs no es más edificante.
Pero si deplorable es la actitud de los socialistas y, sobre todo, del conseller Negueruela, diciéndole al presidente Vicent Marí “que haga su trabajo”, la postura del PP y Cs no es más edificante. Plantear que las viviendas turísticas sean incluidas en la Ley de Actividades para que los inspectores del Consell puedan entrar en ellas cuando se celebre una fiesta ilegal es una aberración jurídica y un brindis al sol.
Una vivienda es una vivienda. Para combatir las fiestas ilegales no vayan por ahí porque se toparán con la Constitución. Lo saben, pero la demagogia les puede.
Si es un desahucio: la vivienda es intocable, un derecho protegido por la Constitución, fascistas, bancos devolved los 60.000 millones. El vecino de airbnb te hace una fiesta: policía-guardia-civil-bomberos, entrad dando una patada en la puerta y sacadlos, que no puedo dormir y me meo en la constitución.