La Fiscalía Anticorrupción ha decidido presentar una querella contra el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, al observar indicios de un supuesto delito de prevaricación en la contratación del documental ‘La vida islados’.
La izquierda se muestra exultante de alegría, como si la interposición de una querella demostrase algo. Deben desconocer aquello de la presunción de inocencia, ese derecho constitucional que establece que todo el mundo es inocente hasta que un tribunal sentencia lo contrario, tras un juicio justo y con las debidas garantías.
Podemos Eivissa van incluso más allá y afirman que el PP vuelve a las andadas, pues Vicent Marí es investigado por prevaricación y por dar dinero a dedo a una militante de su formación. Lo primero, lo de la prevaricación, es cierto y no presupone absolutamente nada. Lo segundo, no consta y por tanto, es una difamación.
Llegados a este punto, cabe preguntarse qué concurso ganaron los impulsores de la película ‘El secreto de Ibosim’ para que el Consell d’Eivissa, gobernado por el PSOE y Podem-Guanyem durante la pasada legislatura, y presidido por el socialista Vicent Torres, les pagase una cuantiosa suma de dinero público.
Y es que hablar ahora de ‘La vida islados’ y no decir ni mu de ‘El secreto de Ibosim’ es de una hipocresía y una falsedad insoportables. Pero ahí están ellos, criticando la paja en el ojo ajeno, mientras llevan una viga clavada en su propio ojo.
Desde luego, que la Fiscalía decida presentar una querella contra Marí no es una cuestión menor y el esfuerzo en restarle importancia al asunto resulta bastante alejado de la realidad. Marí deberá ir a declarar ante el juzgado en calidad de investigado, y eso en el caso de un político en activo tiene su coste en términos de imagen pública. El desgaste político será notable y la oposición de izquierdas lo sabe, y por eso lo magnifica. Pero hacerlo sin respetar la presunción de inocencia también tendrá su coste, que el PP aprovechará para denunciar la doble vara de medir de PSOE y Podemos, quienes cuando las irregularidades las cometía Marta Díaz, no decían nada y miraban hacia otro lado.
¿Y el pufo de 2 millones de euros de AMADIBA de la pasada legislatura de PSOE y Podemos? Porque lo de Marta Díaz y lo de este caso se quedan en nada.